Que aparcar en Cádiz es una maniobra compleja, y cara, es conocido desde finales del siglo XX por todos los residentes en la ciudad, los vecinos de la Bahía y la provincia o los visitantes ocasionales.
La peculiar configuración geográfica de la ciudad, prácticamente insular, con el término municipal más pequeño de las capitales de provinicia españolas y sin periferia posible están en la base del cotidiano conflicto.
Cómo solventarlo, aliviarlo, es el reto de todos los gobiernos municipales desde Teófila Martínez (1995-2015) hasta el actual, con los años de Alcaldía de José María González Santos incluidos (2015-2023).
El vigente mandato de Bruno García de León (PP) ha registrado un episodio que muestra la complejidad del empeño.
Todo comienza en el verano de 2024, con la consulta a unos vecinos sobre la creación de zonas reguladas pintadas de verde, exclusivamente para vecinos que acrediten su residencia y paguen lo estipulado. La idea fue aprobada por abrumadora mayoría, con el 85% de apoyos en una votación.
Tras años de reclamación, la demanda era antendida. La peculiaridad del caso, quizás un precedente, es que a los dos meses del nacimiento esas zonas verdes (residentes en la zona) dan marcha atrás de forma parcial. La superficie reservada mengua y ya tiene 171 plazas menos. Apenas 60 días después.
El argumento formal de la Delegación de Tráfico y la Empresa Municipal de Aparcamientos (Emasa) es que no hay demanda suficiente. Después de pedirlas durante años, la retirada de tarjetas de residentes (obligatorias para el uso de la zona verde) es mucho menor que los sitios disponibles para aparcar.
El escenario del caso, que puede reflejar una contradicción o un aprendizaje tanto en los usuarios como en la administración municipal, es el barrio de Loreto.
Con unos 12.000 vecinos censados, es uno de los más habitados de Extramuros, la zona nueva de Cádiz, al otro lado de las Puertas de Tierra, en la que viven 80.000 de los 113.000 habitantes de la ciudad. Por tanto, la que concentra más del 60% de los vehículos particulares en la ciudad.
Loreto llevaba dos años de lucha por tener esa zona verde. Es la destinada sólo a residentes acreditados previo pago de una tarjeta anual (50 euros al año más un único pago inicial de 20,40 euros por la emisión del documento).
El pasado mes de junio, una votación convocada por la asociación de vecinos arrojó un resultado claro. El 85% de los votantes las pedía formalmente, la quería, se ponía detrás de la reivindicación.
Las rayas de color esperanza en el suelo de muchas calles y avenidas de Loreto aparecieron entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
Apenas dos meses después de ese estreno, el 22 de marzo, la Junta de Gobierno Local decide cambiar el paso y liberar 118 plazas verdes para que pasen a ser aparcamiento universal (línea blanca).
Igualmente, anuncia que convierte otras 53 en zona naranja. Estas últimas están situadas en la calle Alejandrina Gessler y pasan de ser vecinales a rotatorias (vecinos o cualquier usuario previo pago) todos los días en horario de 9 a 21 horas.
¿Falta demanda o falta paciencia?
Fuentes oficiales de Emasa insisten en que durante los tres meses de trámites, anuncio y promoción, previos a la puesta en marcha de la nueva zona verde de Loreto los potenciales clientes retiraron "muchas menos tarjetas que plazas disponibles hay".
Es decir, hay "falta demanda", no hay suficiente interés, los vecinos no acudieron a por su identificación para poder aparcar en número suficiente.
Los residentes, sin negar esta justificación, han expresado por varias vías su "disconformidad. No entendemos el cambio en apenas dos meses y sin ningún tipo de comunicación hacia los vecinos".
José Manuel González Plata, vecino de la zona y usuario de la tarjeta verde, comparte esta opinión "lo que la gente votó, y por gran mayoría, fue que hubiera aparcamientos sólo para los residentes, no entendemos eso de quitar o cambiar de color de repente casi 180 plazas, son muchos coches".
Un representante de la asociación de vecinos asegura que el cambio de criterio municipal es "brusco e injustificado" porque, afirma, "el plazo de solicitud de la tarjeta de residente sigue abierto, hay personas en Loreto que aún no la habían solicitado pero pensaban hacerlo en estos días".
Lucía Velasco Sánchez, otra vecina y conductora, añade que 180 plazas liberadas (línea blanca) o modificadas (a línea naranja) "son demasiadas, no nos han dejado tiempo para pedir la tarjeta. Dos meses de funcionamiento son muy poco para decir que algo no funciona, que la gente no lo solicita".
La empresa municipal Emasa asegura a lavozdelsur.es que la aplicación de estas zonas de aparcamiento regulado es "flexible, se trabaja con unas previsiones y después la realidad puede cambiar, nos vamos adaptando a la demanda y a las circunstancias".
Estas mismas fuentes destacan, dentro de su argumento de adaptación, que las 118 plazas de estacionamiento que pasan, en apenas dos meses, del verde vecinal al blanco libre son "las más cercanas a la zona industrial en el recinto exterior de la Zona Franca", por lo que prestarían un servicio a los trabajadores de distintas empresas ya que los vecinos no les han dado uso.
El debate del aparcamiento en Cádiz sigue abierto pero ahora tiene una nueva incógnita: ¿los vecinos piden aparcamiento regulado y preferente que luego no utilizan o el Ayuntamiento de Cádiz no tiene paciencia y métodos para conseguir que funcione?