Un pequeño grupo de militantes del PSOE de la ciudad de Cádiz, aunque sólo dos aparecen como firmantes, elevaron tres meses atrás un escrito de protesta formal al Comité de Ética de la Ejecutiva Provincial socialista.
En esa queja oficial, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, presentada el pasado 20 de diciembre y desestimada por unanimidad el pasado 14 de enero, los afiliados achacaban a sus dos portavoces municipales, Óscar Torres y José Ramón Ortega, conductas contrarias a la ética o malos ejemplos, aunque no irregularidades.
A los dos representantes -ambos concejales por Cádiz y dirigentes de la Ejecutiva Local, exdiputado el Congreso en el caso de Ortega-, estos compañeros les critican prácticas que atentan contra "la integridad y la transparencia" que -aseguran- deben ofrecer todos los representantes institucionales del partido.
En ninguno de los supuestos incluidos en el escrito de denuncia interna aparece referencia a ninguna posible irregularidad administrativa o práctica delictiva. El escrito de denuncia ha sido ya desestimado por el Comité de Ética provincial aunque cabe posible revisión en las ejecutivas regional y federal.
Las quejas contra ambos
Las actuaciones que se incluyen en la queja son exactamente el cobro de subvenciones públicas mientras se perciben distintos emolumentos como concejal, o diputado provincial -en el caso de Óscar Torres- y la propiedad de dos apartamentos turísticos en la provincia de Cádiz, en el de José Ramón Ortega.
Torres y Ortega coinciden, a preguntas de lavozdelsur.es, en justificar esas quejas "sin el menor fundamento" como "maniobras políticas" para desgastar o respaldar a distintas candidaturas internas de cara al próximo congreso local que debe renovar la dirección socialista en la ciudad.
Respecto al contenido concreto de las quejas, respaldadas por documentación de carácter público, el portavoz municipal del PSOE en Cádiz, Óscar Torres, admite el cobro de subvenciones para el club de fútbol sala femenino que preside "desde hace 30 años".
Esas ayudas, públicas y publicadas, variables durante muchos ejercicios entre 4.000 y 19.000 euros, cesaron según Torres en enero de 2024 cuando llegaron las últimas, correspondientes a los años anteriores.
En todos los casos, afirma, nunca ha percibido subvenciones de instituciones a las que perteneciera. Así, por ejemplo, las ayudas percibidas por parte de la Diputación de Cádiz llegaron cuando Torres aún no era diputado provincial (antes de junio de 2023).
Tampoco hay ninguna subvención, esgrime, recibida desde el Ayuntamiento de Cádiz al que pertenece como concejal desde 2019. En el caso de la Junta de Andalucía no hay contradicción posible, afirma, al menos desde 2018, porque la consejería que las concede está dirigida por miembros del Partido Popular.
"No hay ningún tipo de incompatibilidad ni conflicto de intereses, tampoco incoherencia política", asegura. La solicitud de subvenciones, defiende, acabó antes de que accediera al pleno de la Diputación Provincial y desde entonces no existen solicitudes ante ninguna administración pública.
Los firmantes de la queja interna consideran que el cobro de los 52.000 brutos anuales como portavoz municipal del PSOE debe ser incompatible con la recepción de las ayudas.
Óscar Torres asegura que desde que percibe esa retribución (junio de 2023) el club de fútbol sala que preside no ha recibido ninguna ayuda y el dinero recibido corresponde a ayudas solicitadas y aprobadas con anterioridad a esa fecha.
Pisos en Jerez y Chiclana
En el caso del exdiputado nacional, viceportavoz municipal y dirigente de la Ejecutiva Local, José Ramón Ortega, las protestas internas se centran en la propiedad de dos apartamentos turísticos.
El propio Ortega admite a lavozdelsur.es que tiene esas dos viviendas en propiedad y asegura que cuentan con licencia de uso turístico, la que concede la Junta.
Matiza, en respuesta a la protesta, que esos pisos están ubicados en Jerez y Chiclana, en zonas que no están saturadas turísticamente, por lo que considera que no hay “contradicción política alguna” con la defensa de la limitación de este tipo de pisos en Cádiz.
"En Cádiz vivo de alquiler porque no puedo comprar un piso a un precio razonable porque es una zona tensionada, pero la vivienda de Chiclana está en una zona playera, turística, en una urbanización fuera del casco antiguo".
Ortega recuerda también que, como consta en todos los archivos municipales oficiales, las dos viviendas están registradas en su declaración de bienes entregada al Ayuntamiento desde que tomó posesión del acta de concejal.