Una concentración, este viernes 16 de mayo, en el solar conocido como casitas bajas, junto a la avenida de la Sanidad Pública de Cádiz, será la respuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) a lo que considera "vulneración de derechos de personas vulnerables en el acceso a la vivienda en la ciudad".
Para APDH, el desahucio de Tamara Manzano de un piso protegido y okupado en Guillén Moreno es el más claro ejemplo de esta situación: "Es preciso denunciar los incumplimientos de la legislación -especialmente por parte de las administraciones- en la suspensión de lanzamientos de familias vulnerables".
Este caso, asegura su portavoz Rafael Lara, demuestra que "es urgente reclamar políticas públicas de vivienda que protejan el suelo público y ofrezcan soluciones reales para la población gaditana".
"No estamos a favor de la ocupación de viviendas públicas, ya sean de titularidad autonómica o municipal, puesto que estas deben ser adjudicadas a través del registro municipal de demandantes de vivienda", advierte la asociación.
Inmediatamente matiza y dice "comprender situaciones que se producen en un contexto de desesperación, en una ciudad donde es prácticamente imposible acceder a una vivienda digna, especialmente para personas sin recursos, mientras muchas viviendas públicas permanecen vacías y sin acondicionar".
Con desahucios y sin alternativas
APDHA denuncia con preocupación "la actitud del Ayuntamiento de Cádiz en relación con los desahucios en viviendas municipales. Resulta llamativo que en dos años el equipo de gobierno no haya aportado ni una sola vivienda pública, mientras sí ha ejecutado desahucios, como el caso reciente de Tamara Manzano".
La organización explica que "Tamara fue desalojada mientras se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por motivos de salud -cáncer-, y, además, ha sido denunciada penalmente, lo que podría derivar en antecedentes".
"Se le acusa de ocupación ilegal, pero es la propia administración la que está incumpliendo la ley al no ofrecer alternativas habitacionales y no aplicar la suspensión de desahucios prevista para casos de vulnerabilidad, recogida en la Ley 1/2025".
Según explica APDHA, "a esto se suma el incumplimiento del protocolo firmado entre Procasa y los Servicios Sociales municipales para prevenir desahucios en presencia de menores, ofreciendo alternativas habitacionales con antelación".
"El Ayuntamiento ha actuado con total descoordinación, mientras los servicios sociales defendían la vulnerabilidad de la familia ante el juzgado, la delegación de vivienda avanzaba con el desahucio".
Según Pro Derechos Humanos, "en el caso de Tamara ni siquiera se le ofreció alojamiento temporal, como los pisos disponibles en Pueblo Gitano, y se ha desplazado a una madre con dos niñas a un albergue municipal que no cumple las condiciones mínimas, todo ello bajo falsas promesas de mediación".
La asociación acusa a Junta y Ayuntamiento de promover la vivienda privada, y cara, en Cádiz mientras abandonan a los ciudadanos con menos poder adquisitivo: "Ambas administraciones están promoviendo la enajenación de suelo público y vendiéndolo a promotores privados para construir viviendas en venta inasequibles para la mayoría".
Pone como ejemplo solares y terrenos como los de Puntales, Navalips, Tolosa Latour o casitas bajas, donde está prevista la protesta pública de este viernes.
