La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a los responsables de tres establecimientos denominados “CBD shop”, vinculados a la venta ilícita de productos derivados de la marihuana. Los detenidos, un hombre y una mujer, son acusados de un delito contra la salud pública, mientras que la persona jurídica propietaria de los locales está siendo investigada por diversas infracciones administrativas. La operación, denominada “SUMIFLOR”, se desarrolló bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz y se ha centrado en frenar la comercialización de productos derivados de los cogollos de marihuana.
En el marco de la operación, se decretó el cierre de dos de los establecimientos en la ciudad de Cádiz, mientras que el tercero permanece pendiente de resolución judicial. Durante los registros, la Guardia Civil intervino cientos de productos ilegales que se vendían en los locales, entre los cuales se incluían cogollos de marihuana y derivados, además de dispositivos tipo vending que facilitaban la compra sin ningún tipo de control. Los responsables de los establecimientos también habrían creado una aplicación para gestionar las ventas de estos productos.
La investigación comenzó en verano del año pasado, cuando la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de Cádiz detectó que una empresa en la capital gaditana estaba comercializando productos derivados de la marihuana en tres locales, de los cuales dos operaban con atención presencial y otro mediante máquinas expendedoras. Los agentes realizaron varias inspecciones en los establecimientos, donde se incautaron miles de artículos y 65 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su venta.
Los investigadores descubrieron que las ilegalidades eran múltiples. Por un lado, se trataba de un delito contra la salud pública relacionado con los cogollos de marihuana y sus derivados, que están incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes. Por otro, los locales incumplían diversas normativas administrativas, debido a la comercialización de productos elaborados a partir de hojas y tallos de cannabis. Entre las entidades que regulan estos productos se encuentran la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Junta de Andalucía.
La incautación de productos fue considerable, con más de 80 tipos diferentes de artículos ilegales. Entre ellos se encontraron resinas de hachís, algunas de las cuales habían sido manipuladas en los establecimientos, tal como lo demostraba la presencia de un cuchillo de cocina en uno de los mostradores. Esta práctica indicaba una clara intención de trocear el hachís, como se hace en los puntos de venta al menudeo.
Envíos a toda la península
Además de las ventas presenciales, los detenidos realizaban envíos a otras partes de la península, con paquetes que contenían cantidades de cogollos superiores a las que normalmente consumiría un particular. Durante la investigación, se intervinieron 11 envíos de este tipo. Para justificar la venta, los responsables de los establecimientos presentaron facturas de empresas del sector del cáñamo ubicadas fuera de España, aunque no lograron acreditar la procedencia de los productos debido a la falta de etiquetado y trazabilidad, lo que agravó aún más la situación.
La ubicación de los locales también despertó preocupación, ya que se encontraban cerca de una guardería y un hospital en el centro de la ciudad, lo que generaba riesgos adicionales para la salud pública. Ante la gravedad de la situación, el 14 de marzo se procedió al cierre de los dos establecimientos, tras el vencimiento de los plazos de alegaciones establecidos por la autoridad judicial.
Los detenidos, que son los propietarios y responsables directos de los establecimientos, enfrentan cargos graves por su implicación en la comercialización ilegal de productos derivados de la marihuana. Por el momento, la investigación sigue abierta y se espera la resolución judicial sobre el futuro del tercer local. La Guardia Civil continúa con su labor de desmantelar redes de distribución ilegal de productos relacionados con las drogas en la región.