El soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor, Sevilla, y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz, en Córdoba, fallecieron en unas maniobras en un lago de la base de Cerro Muriano, sede de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, el 21 de diciembre. El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, que investiga este caso, "ha dictado un auto incoando sumario e imputando", por tales hechos, "al capitán" de la compañía de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X a la que pertenecían los militares fallecidos, y también "a uno de los tenientes y uno de los sargentos, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio".
El abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado fallecido, Carlos León, ha explicado que la imputación de los dos oficiales y el suboficial se debe a que "las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día y porque no había en este caso una línea de vida", cuando los militares fallecieron ahogados al atravesar un lago, durante un ejercicio.
Según ha precisado, las mochilas que portaban los militares y "que debían servir de flotador, no estaban debidamente estandarizadas y tenían un sobrepeso, muchas de ellas de tres kilos y medio, por lo tanto no eran aptas, entre otros motivos", para usarse en dicho ejercicio, opinando Romero que, de esta forma, "se le ha dado la razón" por parte del Juzgado Togado Militar.
Además, ha manifestado que "no se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencias y falta de diligencias en la sumersión de unas 20 personas, entre ellas, 15 soldados, en un lago que estaba helado, casi congelado, y en unas circunstancias que no eran las idóneas y se tenía que haber paralizado tal ejercicio".
El abogado ha valorado que el auto les "da la razón" como acusación particular, al tiempo que ha agradecido al juez togado militar que "haya rechazado declarar el secreto de las actuaciones como pedía la Policía Judicial, la Guardia Civil", porque, a su juicio, "eso hubiera sido propio de otras épocas, significaría un oscurantismo y vulneraría el derecho constitucional a un proceso público".
El letrado ha mantenido que "la jurisdicción competente es la ordinaria y no la militar", de ahí que vaya a presentar "el correspondiente recurso de apelación" contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para inhibirse, a lo que ha añadido que "tampoco es competente el Juzgado Togado Militar", puesto que "sería en todo caso el Tribunal Militar Central", porque "se debe investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel, el coronel y el general de Brigada", ha defendido.
"Que nadie tenga miedo de decir la verdad"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este viernes al juez que "llegue hasta el final" y que "nadie tenga miedo a decir la verdad" dentro de los soldados testigos de los hechos.
La ministra, tras recordar su reciente visita a Cerro Muriano, ha defendido "con absoluta contundencia" que "hay que llegar hasta el final y esclarecer los hechos". Estas palabras las ha compartido durante una visita al Centro de Formación de Tropa número dos y el Regimiento de Artillería de Costa número cuatro en el Acuartelamiento Camposoto de San Fernando, en Cádiz.
Al respecto, ha comentado que en su visita transmitió a todos los soldados que "habían estado aquel terrible día que cuenten toda la verdad" y que "nadie se calle nada". "Lo único que quiero es que se cuente toda la verdad y que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que van a contar con todo el apoyo del Ministerio de Defensa", ha enfatizado Robles, para apuntar que "es al juez al que corresponde decir lo que ha ocurrido".
En este sentido, ha pedido que "no haya ningún tipo de silencio y que se cuente todo", al tiempo que ha declarado que "es muy importante que cuanto antes el juez determine las responsabilidades", porque "no puede haber la más mínima sombra de duda sobre el Ejército de Tierra en su conjunto", tras lo cual ha aseverado que "el Ejército de Tierra son hombres y mujeres magníficos profesionales, con una voluntad de servicio y de entrega y ellos se merecen que cuanto antes se llegue a la verdad y el esclarecimiento de los hechos".
Además, ha señalado que "la posición del Ministerio de Defensa es muy clara", con "el apoyo total a lo que hagan los jueces, pedirles a los que estuvieron y fueron testigos que cuenten toda la verdad y pedir, por favor, que se llegue cuanto antes a saber lo que de verdad ocurrió".
Si al Ministerio de Defensa se le pide la responsabilidad civil subsidiaria y lo acuerdan los jueces, Robles ha manifestado que "se asumirá totalmente, como tiene que ser", a la vez que ha insistido en que "nadie se guarde ningún dato, que todo el mundo lo cuente todo y que sea el juez el que determine las responsabilidades".
Sobre la petición de que sea la justicia ordinaria la que lleve el caso en vez de un tribunal militar, la ministra ha comentado que eso no le corresponde a ella, "entre otras cosas, porque son dos jueces los que tienen esta situación de conflicto". Así, ha afirmado que, como juez que es ella, "lo primero y más importante es respetar las decisiones de los jueces", a lo que ha agregado que "tanto la justicia civil, como la militar, son jurisdicciones independientes y los jueces van a actuar con aplicación de la ley".
"Lo que digan los jueces, bien hecho estará", ha sostenido. En su opinión, "el mejor homenaje que se pueda hacer al cabo y al soldado fallecidos es contar la verdad", por lo que "no cabe ningún tipo de presiones", de manera que "si alguien se siente presionado, que lo diga a sus superiores y va a encontrar en la ministra de Defensa a la primera para apoyarle", ha mantenido.
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