El Centro de Granada hace más de una década que corre el riesgo de convertirse en un mero escaparate para turistas. Solo con un breve paseo por el centro histórico uno puede ver las venas abiertas de una ciudad donde el comercio local languidece, los vecinos escasean y los grupos de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, bandera en mano, pululan de un lado a otro.
De las 21.680 plazas de residencial destinado a uso turístico el 95% se concentran en cuatro barrios: Centro-Sagrario, Albaicín, Realejo y Fígares. El Ayuntamiento ha decidido esta semana poner una venda a la herida del vaciamiento y el desarraigo en los mismos a consecuencia de la turistificación: no dará una sola licencia nueva para Viviendas de Uso Turístico (VUT) en barrios que superen el 10% de presión turística residencial registrada (PTRR). Una medida que los pocos que quedan en sus asociaciones vecinales señalan "que llega tarde" y "cuando el daño ya está hecho".
El emblemático Albaicín, ese que cuenta con miradores a la Alhambra fotografiada por miles cada día, supera ya, sin ir más lejos, el 24% de ese índice. Esos pisos, en todo caso, no dejarán de serlo por el mero derecho de los propietarios a conservar licencias que legalmente ya obtuvieron. No se trata por tanto, explican sus vecinos, de limitar nuevos pisos, sino la condena de seguir conviviendo con las consecuencias de que se supere el límite ahora establecido por más del doble.
"Lo único que posibilita esto es evitar el desastre más absoluto y quedarnos a la espera de que los pisos vayan decayendo. La gente se está yendo desde hace más de una década. Desde que empezó Airbnb. Por el precio de la vivienda y por el turismo masivo, que provoca unas aglomeraciones increíbles con grupos en calles muy estrechas de 40 o 50 turistas y que no te dejan coger ni el autobús", señala Pepe Bigorra, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio.
Además del Albaicín, el informe que ha realizado el propio Ayuntamiento recoge igualmente que ese 24% se repite también en Fígares y en Centro Sagrario, mientras que el Realejo, que tiene el precio del suelo más alto de toda la capital con un 2.637 €/m2, llega al 13% de presión turística. "El desmadre, que es como se debe calificar, ha sido pernicioso para los barrios y está ocurriendo no solo en Granada, sino en casi todas las ciudades".
Rechazo al 98% de solicitudes en el último medio año
En el anuncio que este martes ha dado la alcaldesa popular Marifrán Carazo sobre las nuevas medidas que se están tomando, ha insistido, precisamente, en la necesidad de colaboración con la Junta de Andalucía y las herramientas y “autonomía” que la administración andaluza les ha proporcionado con el decreto aprobado en 2024.
Uno al que se han sumado ya casi todas las capitales, desde Málaga a Sevilla pero que, por ahora solo está consiguiendo parar la escalada exponencial de las VUT. El propio Consistorio granadino ha comunicado como un logro que, tras cambiar el criterio de condiciones de estos pisos turísticos, ahora obligados a que tengan, simplemente, acceso y servicios independientes, el número de licencias concedidas haya disminuido. "De julio a diciembre, tras la aprobación del criterio, se han rechazado el 98%, de 245 solicitudes presentadas, se han rechazado 241", ha explicado Carazo.
Las decisiones que se han ido tomando, ha apuntado la alcaldesa, se han hecho teniendo en cuenta tanto las presiones de la patronal de viviendas turísticas, como la de asociaciones que proponen una regulación mayor.
Un centro sin vecinos ni "arraigo"
La medida, señalan los expertos en la materia, como es el caso de Ricardo Duque, profesor de Sociología en la Universidad de Granada y que ha investigado los procesos de gentrificación y turistificación del centro de la ciudad, tendrá un impacto escaso. “Esto no revierte nada, estamos hablando de porcentajes muy altos. Si una cuarta parte de las viviendas son apartamentos turísticos... Por un lado, claro que hay que celebrar que se intente poner coto a lo que está pasando, pero no se puede tener más que desconfianza respecto a que esto cambie algo", explica Duque a lavozdelsur.es.
"Lo único que hace la administración, en realidad, es ponerse a la altura de lo que ya están haciendo los ciudadanos. Hay muchas comunidades de vecinos en bloques de pisos convencionales que ya han prohibido, directamente, que haya pisos turísticos en su edificio", insiste.
Este tipo de decisiones, avaladas por el Tribunal Supremo en el pasado mes de octubre, suponen, en el fondo, una muestra de la lucha de los vecinos de estas zonas tensionadas por no tener que irse. De que se pierda, paradójicamente, aquello que hizo que atrajeran millones de turistas de todo el mundo cada año: su singularidad cultural, su arraigo.
"El pequeño comercio que había de proximidad, de ultramarinos, la de la Lola y demás, ha desaparecido por completo y se han convertido todos esos locales en Ale-hop y cosas así. Y pizzas. Y shawarmas. Y teterías", lamenta Bigorra. "El comercio ha sufrido muchísimo y, por tanto, sufren los vecinos".
En ese sentido, Duque amplifica las consecuencias: "El poder adquisitivo de un turista que viene unos días es, normalmente, mucho mayor que el de un vecino en el día a día. Y eso, evidentemente, cambia el tejido de los barrios. Desde la aparición de una oferta más amplia de ocio nocturno hasta el encarecimiento de productos que no pueden pagar quienes viven allí".
Alternativa habitacional en la periferia y bajos comerciales
Mientras que ese exceso de pisos turísticos seguirá existiendo, las medidas que ha señalado Carazo, en todo caso, no vienen a dar una regulación a la situación de estos vecinos, sino más bien a ofrecer una alternativa fuera del centro histórico, al que prácticamente se da por perdido en cuanto a construcción y un uso residencial que rompa la actual crisis de vivienda en la ciudad.
Las palabras de la alcaldesa popular, de hecho, son claras: el objetivo es "garantizar la convivencia entre la actividad turística y nuestros barrios". Todo a pesar de que el sector hotelero, por ejemplo, también esté sufriendo en competencia con las VUT. Esas 21.680 plazas, explica el propio consistorio, de residencial destinado a uso turístico, están muy por encima de la oferta de las plazas hoteleras con 16.402 y de los apartamentos turísticos con 3.789 camas.
Respecto al problema de acceso a la vivienda y un alquiler asequible, hay dos planes sobre la mesa. Por un lado, la posibilidad de convertir los bajos comerciales de estos barrios, muchos de ellos negocios que han cerrado porque no tenían clientes locales ni posibilidad de competir contra grandes cadenas, para un uso residencial. Para estos locales también se ha comunicado hoy la medida de no poder hacer un uso turístico de ellos, por si pudiera haber alguna duda. Por otro, la construcción de vivienda, ya no en estos barrios del centro, sino en otras zonas de la ciudad. "Queremos estimular nueva vivienda en nuestra ciudad. Este ayuntamiento desde junio de 2023 hasta ahora ha aprobado hasta 1500 nuevas licencias, de las que 500 son Viviendas de Protección Oficial. Queremos favorecer la convivencia", ha señalado Carazo.
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