El nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, declaró como investigado por el presunto uso fraudulento de agua de pozo en el entorno de Doñana, en la provincia de Huelva.
La Fiscalía pide ahora que se prorrogue el plazo de instrucción seis meses y que se cite a nuevos investigados de la sociedad que gestiona la finca Aljóbar de Aznalcázar, perteneciente a la Casa de Alba.
En concreto, los afectados son Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, que figuran como consejeros en la sociedad, junto a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, sobrino de ambos.
Luis Martínez de Irujo dijo, el pasado 20 de febrero, que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.
La fiscal, en un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, asegura que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento por hechos, que serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.
Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, alude a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua en una superficie "muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural", tal y como se refleja en las actuaciones.
Por estos motivos, pide al Juzgado que prorrogue el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, que tendrá que computarse cuando se extinga el actualmente vigente hasta este próximo 9 de abril.
Para concluir "en debida forma" la instrucción, también pide que declaren como investigados la persona jurídica Eurotécnica Agraria SA y los diferentes miembros del Consejo de Administración de la referida entidad mercantil encargada de gestionar la finca.
La fiscal también pretende que el juzgado reclame a la CHG para que, "a la mayor brevedad", remita copia de cuantos expedientes sancionadores haya abierto a esa mercantil, con referencia expresa a las sanciones impuestas en su caso.
El juzgado que investiga los pozos ya pidió informes al organismo de cuenca para concretar si las extracciones de agua habían causado "daños sustanciales" al medio ambiente en el entorno.