Ha pasado un mes desde unos 40 colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos intentaran un acercamiento a las instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Ministerio de Transición Ecológica pidiendo agua para los temporeros migrantes que viven en asentamientos en la provincia onubense.
"Dadas las elevadas temperaturas pedíamos la presencia de camiones cisternas que repartieran agua y aparte camiones que pudieran retirar las basuras, porque en el contexto de estos asentamientos muchas veces salen ardiendo. Ante la falta de respuesta, hemos vuelto a denunciar el racismo institucional que consideramos que es lo que está dándose en el contexto de los asentamientos. Es decir, las instituciones por un lado pasan del tema o se tiran la pelota de unas a otras con el tema de las competencias, cuando en este caso todas las instituciones estas tienen competenci", explica a lavozdelsur.es Lucas Barrero, portavoz de Ecologistas en Acción.
"No solo es que pasan del tema, sino que en reiteradas ocasiones lo que hacen es poner palos en la rueda. En el caso de los ayuntamientos es clarísimo, como el de Moguer, el de Palos de la Frontera, se niegan reiteradamente a empadronar a estas personas que viven allí, cuando las instrucciones ministeriales dicen lo contrario, que se tiene que empadronar a cualquier persona, sea un asentamiento informal o sea una casa que puedan tener alquilado. O como el de Lucena del Puerto, que directamente en pleno verano corta la fuente más cercana a varios de los asentamientos, alegando que es que va allí la gente a lavar los coches y que no se puede gastar tanta agua", denuncia Barrero.
Los municipios que están siendo criticados por las organizaciones sociales y por colectivos ecologistas son Moguer, Palos y Lucena del Puerto en el entorno de Doñana y después Lepe en el entorno de la zona oeste. Una asociación como La Carpa repartió a mediados de julio más de 10.000 litros de agua para las 1.400 personas que estaban residiendo en estos asentamientos. Cuando la campaña está en su punto álgido llegan a ser unas 4.000.
Muchas de ellas se quedan en esos asentamientos en "pequeños trabajos en las fincas que continúan haciendo y otras personas que no han encontrado anteriormente trabajan en otras campañas agrícolas. Son personas que también van rotando de una campaña agrícola a otra como antiguamente hacían aquí los temporeros y entonces hay personas que bien sea porque no encuentran trabajo en otras zonas o bien sea porque mantienen su residencia allí porque ya tienen un trabajo más estable, pues permanecen ahí. Estamos hablando en torno a unas 1.000 personas las que han permanecido este año en la campaña activa", comenta Lucas Barrero.
El ecologista señala que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, dijo que allí había "en torno a 200 personas y que ya se estaba abordando. Y realmente si tú vas al terreno lo que vemos es que hay más de 1.000 personas y que son las asociaciones voluntarias las que están actuando sobre el terreno. Allí no hay ningún organismo o ninguna administración pública que esté actuando realmente en el día a día de esas personas".
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