El pasado 28 de diciembre, la provincia de Huelva vivió un episodio al que por desgracia ya está acostumbrada. Más de 100 chabolas salieron ardiendo en la localidad de Lucena del Puerto, una situación que no dejó daños personales, pero sí materiales para el día a día de un centenar de personas migrantes que habitaban estas infraviviendas.
Dos días más tarde de lo ocurrido, el coordinador de Izquierda Unida en Huelva y diputado provincial, Marcos Toti, ha denunciado el abandono que sufre el lugar y, por ende, las personas que allí viven. Por ello ha hecho un llamamiento a las diferentes instituciones para que pongan en marcha un plan de ayuda con el que se pueda ofrecer alternativa a los 120 afectados.
Desde 2020, la zona acumula, al menos, 50 incendios en asentamientos chabolistas de los temporeros de la provincia. En total hay 2.800 personas afectadas que han sufrido pérdidas personales y materiales que, defiende IU, "han agravado la situación de estas personas trabajadoras".
El coordinador provincial de IU ha indicado que desde IU Verdes Equo Podemos Iniciativa llevan "tres plenos consecutivos" reclamando a Diputación Provincial de Huelva que "deje de mirar hacia otra parte y active los recursos necesarios para dignificar la situación de los millares de personas que malviven en las decenas de asentamientos de la provincia de Huelva".
Además, el coordinador provincial de IU, que visitó los asentamientos de Lucena del Puerto el pasado 22 de noviembre, junto al diputado nacional de Sumar Francisco Sierra, ha criticado la "inacción" de las administraciones para "auxiliar a millares de personas que malviven hacinadas entre toneladas de basura, sin agua, electricidad ni servicios públicos mínimos".
Por ello, ha subrayado que desde el grupo parlamentario de Sumar se están elevando al Congreso "medidas urgentes" para "cumplir con los derechos humanos en los asentamientos de migrantes en Huelva", porque "resulta intolerable que nada haya cambiado cuatro años después de la visita del relator de la ONU Philip Alston" y ha reclamado a todas las administraciones públicas un "calendario de actuaciones con compromisos para superar de una vez esta vulneración sistemática de los derechos humanos".
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