Golpe a los subsidios fraudulentos a temporeros migrantes en Huelva

​La Policía Nacional ha detenido a 70 personas y está investigando a otras 15 en la provincia de Huelva por defraudar 330.215 euros a la Seguridad Social

Las condiciones en la que viven miles de temporeros onubenses, entre basura.
Las condiciones en la que viven miles de temporeros onubenses, entre basura.
13 de marzo de 2025

​La Policía Nacional ha detenido a 70 personas y está investigando a otras 15 en la provincia de Huelva por defraudar 330.215 euros a la Seguridad Social mediante el cobro indebido de prestaciones relacionadas con trabajos temporales en el sector agrario. 

La mayoría de los detenidos son originarios de países del Este de Europa. Tras obtener prestaciones o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), regresaban a sus países de origen sin notificarlo a las autoridades españolas, lo que les permitía seguir cobrando indebidamente las ayudas concedidas. 

La legislación española exige que los beneficiarios de estas prestaciones permanezcan en el país o, si viajan al extranjero, informen de su salida para interrumpir el cobro durante su ausencia. Aquellos que incumplen esta normativa están obligados a devolver las cantidades percibidas indebidamente y pueden ser excluidos de futuras prestaciones o beneficios del sistema de Seguridad Social. 

'Operación Drain'

Esta actuación forma parte de la segunda fase de la operación Drain, llevada a cabo conjuntamente por la Policía Nacional de Huelva y el SEPE para combatir el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. La primera fase, iniciada en abril de 2024, investigó a 338 personas y resultó en 103 resoluciones administrativas condenatorias. 

Hasta la fecha, las dos primeras fases de la operación Drain han investigado a 818 personas y han producido 171 resoluciones administrativas condenatorias, con un total de 124 detenciones. El fraude detectado asciende a 487.323,11 euros, de los cuales una parte sustancial ya ha sido recuperada por las arcas públicas. ​

Este tipo de operaciones subraya el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la protección de los recursos públicos destinados a las prestaciones sociales.

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F. Jiménez

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