El proyecto de inyección de gas en el subsuelo de Doñana, conocido como Marismas-3NE, ha generado un importante debate debido a su complejidad técnica y geológica, así como a los riesgos que implica para el entorno natural de la zona. Diversas entidades, incluidas organizaciones ecologistas y políticas, han expresado su preocupación ante el Gobierno de España sobre los potenciales impactos negativos del proyecto, destacando la falta de una evaluación adecuada de los riesgos asociados.
Uno de los principales temores es el riesgo sísmico, ya que la inyección de gas a alta presión podría activar fallas en la región, lo que pondría en peligro la estabilidad de la zona. Además, se ha señalado el riesgo de contaminación del acuífero 27 debido a posibles vertidos de hidrocarburos, así como otras amenazas relacionadas con el anegamiento de la llanura de inundación del Arroyo de El Partido. La restauración de esta área, crucial para la recuperación del acuífero, no está contemplada en los informes presentados.
Otro de los puntos críticos del proyecto es la alteración de los niveles piezométricos, lo que podría afectar la estabilidad de la instalación. Sin embargo, la documentación del proyecto minimiza este riesgo, a pesar de que la situación actual de los niveles de agua subterránea en la zona es un factor de gran relevancia. La conversión del subsuelo en una infraestructura industrial también implicaría la emisión de gas metano, contribuyendo al efecto invernadero.
Además, el impacto sobre la biodiversidad local es otro aspecto que preocupa. El proyecto podría fragmentar y alterar los hábitats de especies en peligro de extinción, como el lince ibérico y el águila imperial, afectando negativamente a la fauna de la zona. Estos riesgos han llevado a diversas organizaciones a solicitar una extensión del plazo para la información pública y la presentación de alegaciones.
Organizaciones implicadas
El plazo inicial de 20 días para la presentación de alegaciones ha sido considerado insuficiente para una participación adecuada y eficaz de los ciudadanos y organizaciones implicadas. Ante esta situación, entidades como Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Ecologistas en Acción, Huelva Te Mira, Mesa de la Ría de Huelva, Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía, Intersindical Andaluza, Verdes EQUO Huelva, Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA), Partido Animalista Con el Medio Ambiente o Alianza Verde y otras han solicitado una ampliación del plazo de alegaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En respuesta a estas peticiones, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha confirmado la ampliación del plazo por diez días hábiles adicionales, lo que permitirá a los interesados contar con más tiempo para presentar sus alegaciones y contribuir al proceso de toma de decisiones sobre el proyecto. Esta decisión ha sido acogida favorablemente por las entidades que habían solicitado más tiempo para evaluar los impactos del proyecto y formular sus argumentos.