Anuncian que permanecerán en el edificio de los grupos municipales hasta que se convoque el pleno extraordinario que debe confirmar la readmisión.
“Estoy aquí por mi hijo”, dice una afectada por el ERE en la puerta del edificio de los grupos municipales, donde se han encerrado para pedir que se convoque el pleno extraordinario que debe ratificar su vuelta al Ayuntamiento. En el rellano de la planta baja, poco a poco, van llegando afectados que, tras la última reunión de la mesa técnica del ERE celebrada este miércoles –“la peor que hemos tenido”, dicen–, han decidido dar un paso más y pasar al ataque.
De la cita entre Ayuntamiento y afectados, con la presencia del gabinete jurídico, los incluidos en la lista del ERE salieron de una reunión "decepcionante" que ha terminado por agotar la paciencia de algunos. No hay fecha para celebrar el pleno extraordinario, “y el tiempo corre”, alertan. Sin ir más lejos, el 14 de septiembre está previsto que se produzca el primer señalamiento del TSJA –Tribunal Superior de Justicia de Andalucía–, por lo que antes de esa fecha deben estar firmados los acuerdos transaccionales.
“Hemos dado un margen de tiempo prudente, hemos sido benevolentes, pero la paciencia tiene un límite”, señalan los afectados encerrados en el edificio de los grupos municipales, de donde no saldrán hasta que se convoque el pleno extraordinario. “Puede pasar el tiempo que ellos quieran que pase”, señala una afectada en referencia al gobierno local.
“Esto no es un acuerdo de pleno para que se arregle una plaza, están en juego muchas cosas”, se quejan, señalando que hay “poco respeto” y “ninguna empatía” por un colectivo que lleva más de cuatro años luchando por recuperar sus puestos de trabajo. “Están jugando con las personas”, señalan. El discurso del gobierno local, apuntan, es el mismo que hace un año: “Estamos trabajando en ello, como diría Aznar…”, dicen con sorna. La situación, para algunos afectados, está llegando a ser desesperada: “Hace dos semanas un compañero entregó el piso en el banco y hay una compañera que es viuda, tiene al hijo estudiando, y después de tres años no va a poder pagarle la matrícula de la universidad”, señalan.
El plazo estipulado por el gobierno local para ejecutar la readmisión expiró el 30 de junio, y ahora se baraja el mes de octubre –“pero no hay nada firmado”, puntualizan–, aunque siguen esperando la convocatoria del pleno extraordinario, en el que deben presentarse informes individuales –económicos y organizativos– y otro que recoja el gasto de la readmisión. Tras la reunión de este miércoles no se explican que “falten tantas cosas”. “Hay muchísimo trabajo realizado”, dicen, “pero el tiempo corre”. Por eso se encierran: “No son claros con nosotros”.
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