Los hogares de Jerez verán más pronto que tarde cómo el recibo de agua que pagan cada dos meses se encarece. En un contexto de sequía, no solo son una amenaza los cortes y restricciones, también el encarecimiento de lo que se paga por este bien esencial.
En la provincia de Cádiz, las dos primeras subidas, ya anunciadas, vendrán de la mano del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), que abastece el agua en alta (desde el embalse hasta los municipios que riega), y de la Junta de Andalucía, que ha decidido recuperar el canon autonómico por infraestructuras hídricas tras la suspensión del pasado año debido a que ha estado más de una década cobrándose pese a que las obras por las que se pagaba no se hacían.
En el primer caso, la subida prevista que pretende el CAZG —y que debe ser aprobada por los 19 municipios consorciados— implicaría un aumento de en torno a 1,5 euros en el recibo (cada dos meses): de 0,15 a 0,32 euros por metro cúbico.
En el caso de la vuelta del canon autonómico, supone el pago de otros dos euros cada dos meses como cuota fija y una cantidad variable en función del consumo. Entre 2 y 10 metros cúbicos al mes, 0,10 euros por cada 1.000 litros. Una cantidad que se duplica si el consumo llega a los 18 metros cúbicos y que se multiplica por seis si se supera esa cantidad de agua consumida. Hasta el 40% del recibo total podría llegar a alcanzar este canon en recibos muy penalizados por consumo excesivo.
A nivel municipal, se asumen las dos subidas anteriores, aunque en el caso de la prevista por el CAZG, "también queremos que sea inferior, la mínima posible", ha expuesto a lavozdelsur.es en días pasados el segundo teniente de alcaldesa delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar. Sin embargo, hay una tercera vía de aumento del recibo del agua que depende de lo que acuerde el Ayuntamiento de Jerez y Aquajerez, concesionaria desde hace casi once años de la gestión y explotación del ciclo integral del agua.
Bonificaciones para todos: una irresponsabilidad que ahora hay que pagar
El pliego de condiciones que se firmó con Aqualia (FCC) en abril de 2013 para la gestión indirecta del ciclo integral del agua recogía que no se pueda subir el recibo del agua por encima del IPC y se mantuviesen las bonificaciones a los usuarios que más lo necesitan.
En cambio, tras bloquearse en 2017 y 2018 dos actualizaciones de la tasa, el gobierno anterior de Mamen Sánchez optó por bonificar año tras año la subida, pagando a la empresa lo que le correspondería si se actualizaba la tasa, pero no subiendo o bajando ésta conforme al IPC, tal y como recoge el citado pliego. Es lo que se le llamó desequilibrio económico de la concesión. De esta manera, se borraba de un plumazo el coste político de subir una tasa como la del agua —hay que tener en cuenta que la oposición votó en contra de sus actualizaciones—, pero se cargaba sobre el Ayuntamiento (sobre todos) una nueva mochila, bonificando además sin distinción a todos los contribuyentes.
La realidad es que tras cinco años, Aquajerez reclama para el próximo 2025 unos 9 millones de euros al Ayuntamiento, unos 5 millones en concepto de actualizaciones reconocidas y no pagadas, y otros por actualizaciones acumuladas de IPC en plena hiperinflación (solo por 2024 son casi 5 de estos millones de euros). Una pelota que ha ido engordando conforme se ha disparado en los últimos años el coste de la vida. "Es inasumible", ha sentenciado rotundo Espinar, ante las pretensiones de la compañía.
A partir de lo anterior, ha asegurado que el gobierno municipal va a fiscalizar hasta el último céntimo que ha percibido Aquajerez en estos años y, para ello, ha pedido un informe con el que contrastar las cuentas de pagos efectuados y si verdaderamente se corresponden con lo que exactamente debía percibir la concesionaria. "Vamos a redoblar la fiscalización, buscando compensar si se ha pagado de más, y que los jerezanos paguen lo menos posible, lo mínimo", ha mantenido el responsable municipal.
"Se ha solicitado toda esta contabilidad y cuando estén los números, decidiremos. No se había toda la fiscalización que se tenía que haber hecho", ha insistido, en declaraciones a este periódico.
Unos 40 empleados de la antigua Aguas de Jerez, pendientes de actualizar sus nóminas
Por otra parte, el Ayuntamiento también habría requerido a la empresa que pague unos 150.000 euros a unos 40 empleados procedentes de la antigua Aguas de Jerez, que entre los pluses de sus nóminas tenían reflejado aumentos si las tasas se actualizaban. Técnicamente, las tasas no se han actualizado en cinco años, "pero la empresa sí ha cobrado bonificaciones por no haberse actualizado la tasa al IPC", mantiene Fernando Carretero a este medio, miembro del comité de empresa de Aquajerez.
Tras confirmar que han puesto estos impagos en manos del despacho del abogado laboralista Fernando Martín-Mora, el representante de los trabajadores mantiene que "los 9 millones de euros que pide la concesionaria al Ayuntamiento no son absorbibles, por lo que imaginamos que acabarán ampliando el contrato de concesión por más años; pero nosotros venimos de la antigua Aguas de Jerez y tienen que respetar los acuerdos que se firmaron".
En la anterior etapa de María José García-Pelayo como alcaldesa, el Ayuntamiento extinguió Aguas de Jerez (Ajemsa) y sacó a concurso la gestión y explotación del ciclo integral del agua, en medio de unas fuertes protestas ciudadanas y políticas por una decisión en un momento crítico (otro más) para las arcas municipales. La compañía FCC, a través de su filial Aqualia, logró un contrato hasta 2038 a cambio de abonar 80 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de canon, que pagó en dos veces en aquel momento. Con la cifra de negocio que manejaba la antigua Ajemsa, unos 9 millones al año de beneficios, la concesionaria previó amortizar el canon en década y medio aproximadamente.
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