Nueva polémica con el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Gobierno local de Jerez.
Facua ha mostrado su indignación tras tener conocimiento de la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Jerez de este plan, por el que se otorga un total de 3,5 millones de euros a distintos colectivos y para el que no se ha contado con la participación de esta organización.
La asociación de consumidores considera "injustificada y discriminatoria su exclusión de este plan", atendiendo a su grado de implantación en este municipio, en el que cuenta, actualmente, con más de 2.000 afiliados y la actividad que desarrolla desde su fundación o en el año 1983, en cuyo Registro Municipal de Asociaciones se encuentra inscrita con el número 10, siendo, por lo tanto, una de las organizaciones con mayor antigüedad en el mismo.
De la misma forma, la organización recuerda que es la única organización social presente desde su constitución tanto en el actual Consejo Social de la Ciudad como en su órgano antecesor, el extinto Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jerez.
A juicio de Facua, un plan estratégico con el que se pretenda fomentar y apoyar al tejido asociativo debe "no sólo ser un instrumento de planificación de las políticas públicas de utilidad e interés social, sino que, además, debe desarrollarse a través de unas bases reguladoras específicas para cada subvención en las que, a su vez, debe hacerse referencia al plan en el que se integran, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos".
Además de denunciar la discriminación de la que ha sido objeto, Facua considera que el Plan Estratégico de Subvenciones tampoco cumple con la normativa vigente en materia de subvenciones, al vulnerar los mínimos principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, determinados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La organización estudia solicitar la anulación del procedimiento a través de los tribunales de justicia, al considerar que se les excluye de cualquier opción de recibir subvenciones para desarrollar políticas de defensa de los derechos de las personas consumidoras, en un momento en el que las políticas municipales de consumo "brillan por su ausencia".
"La alcaldesa, María José García-Pelayo, justificó en la falta fondos disponibles la falta de estas políticas para ello, tal y como trasladó a los responsables de Facua Cádiz durante el transcurso de una reunión mantenida con los mismos el pasado mes de agosto", concluyen.