El antiguo director del IPDC, una empleada de este organismo, el antiguo secretario del Ayuntamiento y otras dos trabajadoras aseguran que no intervinieron en la adjudicación con la trama de Correa.
El que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, niegan en sus declaraciones ante el juez tener relación con la exalcaldesa María José García-Pelayo cuando se firmaron los contratos que adjudicaron espectáculos relacionados con Fitur 2004 a empresas de la trama Gürtel.
El abogado de Montenegro, Carlos Sancho, según recoge Europa Press, aseguró ante los periodistas que su defendida nunca tuvo relación con García-Pelayo para la firma de los contratos y que su actuación era la de “una mandada".
Ni Báez ni Agüera valoraron ante los medios el contenido de sus declaraciones ante el juez Antonio del Moral, producidas en presencia de un representante de la Fiscalía. En este caso no hay acusaciones populares, ya que ni el PSOE de Boadilla del Campo (Madrid) ni la asociación de abogados ADADE depositaron las fianzas exigidas por el Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por presuntos delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas.
Otras dos trabajadoras del Ayuntamiento también han comparecido como testigos y también han negado que intervinieran en los contratos investigados durante una breve comparecencia tras la cual no han querido dar más explicaciones a la prensa.
La propia Pelayo, en su declaración del pasado 22 de febrero en el Supremo, negó haber firmado los referidos contratos, por valor de 355.000 euros, ya que como “todos saben” los alcaldes no firman los expedientes, aseguró. Sin embargo, el juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa del PP la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004.
"Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.
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