El Club Social Puertas del Sur, equipamiento vecinal con 35 años de historia, se encuentra en el centro de una polémica institucional tras expirar su derecho de superficie el pasado 14 de diciembre. El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado que sacará a licitación la gestión de estas instalaciones deportivas "para cumplir con la legalidad vigente", decisión que ha generado un cruce de acusaciones con el PSOE y malestar entre los 200 socios del club.
Según fuentes municipales, el proceso de licitación responde a un imperativo legal tras la extinción del contrato de superficie. "Hacer lo contrario sería prevaricar", sostienen. Sin embargo, el portavoz socialista José Antonio Díaz denuncia que "primero animaron a crear unaFfundación y ahora imponen la licitación", lo que califica de "táctica dilatoria". El PSOE ha mantenido una reunión con la junta directiva del club, cuyo presidente, Daniel Castillo, relata un tortuoso proceso negociador: "Nos recomendaron crear una Fundación, invertimos 14.000€ en trámites, y cuando teníamos todo listo empezaron a evitarnos".
La compleja transición
Castillo detalla cómo cumplieron los requisitos exigidos: registro como fundación, proyecto técnico y adhesión unánime de los socios, incluyendo una derrama de 60 euros por familia. "Pero cuando vieron que lo estábamos consiguiendo, cambiaron las reglas", afirma. El Ayuntamiento sostiene que siempre actuó con transparencia, celebrando "varias reuniones informativas desde hace meses". No obstante, el presidente del club contradice esta versión: "Nunca nos dieron documentos por escrito, cambiaron siete veces las citas y la alcaldesa nunca nos recibió".
El club, que colabora con Cruz Roja, Afanas y tres hermandades, ofrece actividades deportivas a precios sociales y espacios para campañas de donación de sangre. Castillo advierte: "Estamos hablando de 2.000 usuarios entre socios y beneficiarios indirectos". El PSOE cuestiona si el gobierno municipal "prefiere hacer negocio con las instalaciones que preservar su función social".
El debate legal
Mientras el consistorio insiste en que la licitación es el único camino legal, los socios alegan que la Fundación era viable según el propio asesoramiento municipal inicial. Castillo revela que el club arrastra una deuda de "unos 23.000€ en IBI desde 2008", pero sostiene que esta quedaría extinguida con la antigua asociación si se creaba la nueva Fundación.
Con la cita del 6 de mayo para presentar el proyecto de viabilidad aún pendiente, el PSOE anuncia que llevará el caso al pleno municipal. Mientras, 200 familias aguardan saber si podrán mantener un espacio que, más que unas instalaciones deportivas, consideran parte de su tejido comunitario.
"Se creerían que nosotros no íbamos a tener a potestad ni la fuerza para seguir este club para adelante, porque como llegaba el fin de ciclo de contrato y la gente se estaba dando de baja, pensaría el Ayuntamiento que no íbamos a tener dinero para abrir y para pagar a trabajadores. Cuando han visto que sí hemos podido ya no saben cómo regular o cambiar la situación", denuncia Daniel Castillo.
"Quieren sacar la licitación creyéndose que no vamos a poder pagar. Buscan una normativa, algo que nosotros a lo mejor no podamos cumplir, como un aval o un canon exagerado de dinero", finaliza.
