La plantilla del Centro Específico de Educación Especial de Sordos, conocido como el Colegio de Sordos de Jerez, recibió hace dos semanas la noticia de que el centro iba a ser clausurado por los numerosos problemas estructurales que presenta.
Los trabajadores van a ser reubicados el CEIP San Vicente de Paúl, según los testimonios de la propia plantilla, porque CSIF, que es quien denuncia los hechos, no cuenta con información oficial por parte de la Junta de Andalucía, que es la responsable de las instalaciones.
El futuro de este servicio y de su plantilla —tanto personal de administración y servicios como docentes— está en el aire, y temen lo que pueda pasar el próximo curso. Ante esta situación, CSIF ha solicitado por escrito a la Junta de Andalucía que informe apropiadamente sobre los planes que tiene para continuar ofreciendo el servicio público que se presta en este centro.
La central sindical pide la convocatoria del comité de seguridad y salud laboral para que se analice ante los representantes de los trabajadores el estado que presenta el Colegio de Sordos y que se entreguen los informes periciales en los que se determine cuál es exactamente el estado del edificio y los riesgos que corren tanto los empleados como los usuarios.
En este centro, actualmente, la mayoría de los baños no funcionan (y los que sí, consumen excesiva agua debido a su mal funcionamiento), hay pérdidas de agua en bajantes y tuberías, así como filtraciones de aguas de lluvia, la instalación eléctrica es antigua y no puede dar servicio a las necesidades del centro, hay grietas y desprendimiento de baldosas y trozos de muro.
En 2020, la APAE (Agencia Pública de Educación de Andalucía), que se encarga del mantenimiento de las infraestructuras educativas, recogiera una partida para el Colegio de Sordos de 1.580.000 euros para “sustituir o integrarlo en otro centro”, dentro de su plan de infraestructuras 2020-2027, en el apartado de centros de atención preferente, y luego, en 2023, se aprobaron unas actuaciones de “mejora del terreno, consolidación y restitución de elementos dañados” por valor de 300.000 euros para la residencia Rancho Colores, que se encuentra situado en el mismo enclave, anexo al Colegio de Sordos, con similares problemas estructurales.
“Visto lo visto, parece que esos casi dos millones de euros aprobados por el Consejo Rector de la APAE para ambos centros, no se han invertido todavía para arreglarlos, a pesar de la urgencia que presentan”, apuntan desde CSIF. Ante esto, la Central Sindical también ha requerido al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía información exhaustiva sobre el destino de todo ese dinero, presupuestado, aprobado y publicado de manera oficial.