Más de dos años y medio después del inicio del proceso, iniciado por un gobierno socialista y rematado por uno popular, el Ayuntamiento de Jerez estabilizará 907 puestos de la plantilla municipal.
Hasta que no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el pasado 8 de enero, el listado definitivo de trabajadores que estabilizan su plaza, muchos no respiraron tranquilos. El proceso, desde luego, ha tenido muchos altibajos, y momentos en los que parecía que no iba a salir adelante.
Este mismo viernes, 31 de enero, se ha reunido el tribunal de recursos contractuales del Ayuntamiento de Jerez, que determina cómo queda —casi de forma definitiva, salvo renuncias de última hora—, el proceso de estabilización. La próxima semana está previsto que se convoque a los empleados, para que conozcan la documentación que tienen que aportar y cuándo se producirá la firma de sus contratos.
Aunque en el calendario, muchos trabajadores tienen marcado en rojo el 8 de febrero como fecha límite para la firma —un mes después de su publicación en el BOP—, la resolución de diversos recursos ante el tribunal de recursos contractuales hace que el proceso se dilate unos días más, aunque la semana próxima se empezarán a formalizar las contrataciones, confirman las fuentes consultadas por lavozdelsur.es. El resto, como muy tarde, la última semana de febrero.
Las cifras finales del proceso —salvo recursos y cambios de última hora—, confirmadas por fuentes de toda solvencia a este periódico, son: de los 907 puestos estabilizados, hay 55 trabajadores de la plantilla que suben de categoría, y 100 empleados que acceden a puestos fijos, 57 de los cuales fueron despedidos en 2012, en el ERE municipal culminado curiosamente por el PP, ahora en la Alcaldía. Desde que se inició el proceso, se han jubilado 85 empleados.
Una vez que firmen sus contratos, se les dará a elegir a los candidatos entre las distintas delegaciones, en orden de puntuación, aunque puede haber movimiento de puestos por necesidades del servicio.
Altibajos de un proceso en el alambre
La alta temporalidad en la plantilla del Ayuntamiento de Jerez convertía al Consistorio en uno de los más señalados por un proceso de estabilización al que obliga la UE, con quien España se comprometió a una Ley de Estabilización, para dejar en un 8% la tasa de temporalidad en las Administraciones públicas. Y es que, en la práctica, muchos interinos estaban cubriendo puestos estructurales en ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos.
Con la culminación de este proceso en el Ayuntamiento de Jerez, se fijan 907 puestos, 806 de ellos de personal municipal, y 43 de trabajadores que estaban en otras Administraciones. No sin polémica, trabas y hasta varapalos judiciales.
Y es que en mayo del año pasado, el Juzgado de lo Social número 2 de Jerez dictó varias sentencias favorables a denunciantes que criticaban el sistema de baremación elegido por el anterior gobierno socialista —pactado con los sindicatos mayoritarios CGT y CSIF—, que en la práctica tumbaban el proceso de estabilización.
El citado Juzgado consideró entonces que la baremación acordada por el gobierno local del PSOE con CGT y CSIF —que tenían mayoría sindical— superaba el "límite de lo tolerable" fijado por el Tribunal Constitucional. En esas bases, se contemplaba que la experiencia adquirida por personal laboral temporal en la misma plaza convocada, desde mayo de 2007 en adelante, otorgaba 0,75 puntos por mes trabajado. Antes de esa fecha, solo 0,25 puntos mensuales.
Una forma de puntuar que, aparentemente, perjudicaba a los 260 despedidos en el ERE municipal llevado a cabo por el gobierno local en 2012, que podían optar a reingresar en el Ayuntamiento, en una de las más de 900 plazas a estabilizar. El ejecutivo socialista alegaba que marcaba como frontera el 13 de mayo de 2007 porque es cuando se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que entiende que "marca un antes y un después". Un argumento que no convencía al Juzgado.
El PSOE, tras conocerse estas sentencias, se desmarcó de unas bases que atribuyó a la CGT —y que fueron apoyadas por CSIF, logrando la mayoría sindical necesaria—. "Hicimos lo que nos tocaba, que era conformar el expediente administrativo", apuntaba Laura Álvarez, concejala socialista, que era teniente de alcaldesa de Recursos Humanos entonces.
El proceso de estabilización, entonces, parecía que descabalgaba, tras ser tumbado judicialmente. El Ayuntamiento, gobernado por el PP cuando se conocieron las sentencias, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que cinco meses después, a través de la Sala de lo Social, le dio la razón al Consistorio, estimando su recurso, y reactivando un proceso que debía estar culminado antes de que finalizara el año.
El 30 de diciembre, en junta de gobierno local, el Ayuntamiento aprobó el último trámite del proceso de estabilización de la plantilla municipal: la propuesta final para la contratación como personal laboral fijo de las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo de la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria de estabilización, y de funcionarios de carrera.
Este mes de febrero se firmarán los contratos de los 907 empleados municipales que logran un puesto fijo, a los que hay que sumar 155 de empresas y fundaciones municipales, excepto en la Fundación Andrés de Ribera, donde se determinó que sus empleadas no debían pasar por el proceso de estabilización al estar contratadas antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (2007).
