“Hay quienes nacen y se educan para conseguir el poder, lástima que sea para un poder corrupto contra el bienestar de familias trabajadoras. Estos fueron los gobernantes que nos tocaron. El engaño, la crueldad y el fanatismo por hacer el mal ajeno son su sello de identidad”. Con estas palabras define, una de las 260 afectadas por el ERE municipal que ejecutó el PP en el Ayuntamiento de Jerez, las sensaciones que le quedan diez años después del último día que ocuparon sus puestos de trabajo, el 12 de septiembre de 2012.
“Si cayó el imperio romano, ¿no van a caer estos? ¿O se creerán que van a durar toda la eternidad haciendo lo que les da la gana con las vidas ajenas?”, se pregunta la afectada. Aunque haya pasado una década, las heridas todavía escuecen. Poco después de aprobarse la reforma laboral del PP, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, la entonces alcaldesa María José García-Pelayo —candidata popular a la reelección en 2023— ejecutó un ERE para 260 trabajadores del Ayuntamiento, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el despido colectivo, consideró “no ajustado a derecho” y “completamente arbitrario”.
“Yo creía que era un error”, confiesa Yolanda, una de las afectadas, que atiende a lavozdelsur.es cuando se cumplen diez años de la salida de los 260 despedidos. Ella entonces tenía 41 años. “Por mi situación personal, pensaba que no podía ser verdad. Yo tenía una orden de alejamiento de mi exmarido, y a los dos años me llegó el ERE. Pensé que se habían equivocado y presenté alegaciones”. Pero no sirvieron de nada. Ni por esas se libró de ser una de las despedidas.
Yolanda estuvo 23 años como trabajadora municipal. Después de culminar el grado superior de Administración y Finanzas, empezó sus prácticas y fue encadenando contratos de unos pocos meses en el Ayuntamiento. Así estuvo durante los ocho primeros años. Cuando se jubilaron dos empleados de la delegación en la que trabajaba, la llamaron desde Recursos Humanos para hacerle un contrato por obra y servicio. Hasta que no llevaba 20 años no tuvo contrato indefinido.
Una década más tarde, apenas ha conseguido trabajo estable. Desde hace un año la llaman del SAS para hacerle contratos de pocos meses. Antes ha limpiado casas y todo lo que le ha salido. “Lo he pasado muy mal”. De estar trabajando en el Ayuntamiento, pasó a no tener ingresos y a pedir ayudas sociales a sus antiguas compañeras. “Gracias a mi madre, a mis hermanos… pude salir”. En este tiempo se ha presentado cinco veces a distintas oposiciones, antes de volver a encadenar contratos cortos, como hizo al inicio de su carrera profesional.
Del sufrimiento de haber sido una de las 260 despedidas en el ERE le queda “el rencor, la ira y la impotencia” que le produjo el desenlace final, y secuelas físicas también, ya que recientemente se le ha diagnosticado fibromialgia. “El dolor perdura cuando recordamos esta etapa de nuestras vidas. Nuestros verdugos tienen nombres y apellidos y permanecen en nuestra memoria, es imborrable”, recalca en su escrito, en el que recoge sus sensaciones a día de hoy.
Lola Caravaca tenía 55 años cuando se ejecutó el ERE. “Gracias a eso me he salvado”, dice, ya que se acordó garantizar la cotización a las afectados que superaran esa edad. “Yo sabía que iba a la calle, estaba marcada por ser del PSOE y porque Pelayo me tenía enfilada”, confiesa. Con su marido en paro, con 60 años entonces, el despido fue un mazazo para la economía familiar. “Era lo que teníamos”, dice.
En distintas delegaciones, primero en Participación Ciudadana, luego en Infraestructuras y durante un breve periodo en Deportes, Caravaca se encargaba del trato con asociaciones de vecinos y ciudadanos que reclamaban mejoras en sus barrios. “Me encantaba y lo he disfrutado muchísimo, eso es lo que me queda”, apunta. Desde la señora mayor a la que consiguió pintura para evitar las goteras en su casa a la joven madre a la que equipó la vivienda para que pudiera entrar con sus tres hijos, tiene muchos ejemplos de cómo desarrollaba su trabajo. “Eso es lo que me llevo”.
Después del TSJA, el Tribunal Supremo declaró “ajustado a derecho” el ERE ejecutado por el PP, aunque seis de los 14 miembros de la Sala emitieron un voto particular pidiendo la anulación del expediente. Un varapalo para los afectados, que intentaron la readmisión hasta el último momento. Un grupo recurrió sus demandas individuales que, según un informe de la Dirección General de la Función Pública —dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—, podía derivar en un acuerdo transaccional entre los despedidos y el Ayuntamiento.
Finalmente, no hubo readmisiones. Los 260 despedidos, salvo contadas excepciones, no volvieron a sus puestos en el Ayuntamiento. Aunque solo 116 con sentencias improcedentes quisieron regresar, ya que el resto se prejubiló, prefirió cobrar la indemnización e incluso hubo varios fallecimientos, el gobierno local, ya en manos del PSOE, no los reintegró en la plantilla municipal por miedo a prevaricar.
Unos meses después del recordado pleno en el que todos los partidos —salvo el PP, que se abstuvo—, aprobaron la readmisión de los despedidos, los afectados se encontraron con el portazo definitivo. “Os doy la bienvenida a vuestra casa, de la que nunca os tenían que haber echado”, llegó a decir la alcaldesa Mamen Sánchez en ese pleno, unas palabras que muchos no olvidan. En septiembre de 2016, cuatro años después de su salida, los empleados municipales, que protagonizaron un encierro de dos meses en dependencias municipales, perdieron toda esperanza de ser readmitidos.
“Cuando Pelayo me despidió me dolió, ella nos llegó a decir que mientras ella estuviera no entraba nadie. Pero lo que hizo Mamen Sánchez no tiene nombre”, sostiene Lola Caravaca. “Ella sabía que no íbamos a entrar, pero jugaron con nosotros. Eso es lo que más me ha dolido, porque me he sentido muy socialista, pero ya no, porque me han defraudado”, agrega, aunque agradece “la ayuda del gabinete jurídico, que hizo todo lo estuvo en su mano”.
Lola confiesa que guarda “mucho rencor” tras un proceso tan dilatado en el tiempo y con un final tan cruel. “No entiendo cómo un político, que viene a estar dos días, puede arruinarle la vida a 260 personas. No sé qué derecho tiene”, dice. El “varapalo” que supuso, para su compañera Yolanda, no sirvió para mejorar la economía municipal —“el ERE costó más de trece millones de euros de dinero público, entre indemnizaciones e intereses”—, ni para aligerar la plantilla, ya que más tarde se realizaron cientos de contrataciones.
“Solo sirvió para inculcar el pánico, nerviosismo y miedo entre los trabajadores municipales, por parte de quienes creen disponer del poder absoluto”, recalca en el escrito. Y remata: “Ahora veo todo esto como una película, pero en el papel de espectadora, no de actriz. Pero la película no ha terminado, ¿de verdad se han quedado actuando solo los malos y no ha tenido un final feliz?”.
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