Las propiedades de la Iglesia están en el punto de mira. Ayer mismo saltaba la noticia de que la Iglesia ha reconocido que tiene a su nombre “mil inmuebles que no son suyos”. En el caso de la diócesis de Asidonia-Jerez, aparecen tres, citados en el ‘Informe sobre bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley hipotecaria de 1998 a 2015”, publicado por la Conferencia Episcopal Española el 24 de enero de 2022.
Por situar al lector sin rodeos: la Iglesia tuvo la posibilidad de registrar bajo su propiedad aquellos inmuebles que nunca se habían registrado, cuya titularidad estaba, supuestamente en algunos casos, en el aire. Desde 1998 a 2015, el obispo de cada diócesis podía autorizar el registro con gestiones administrativas que solo costaron 30 euros, de ahí la idea de que la Iglesia adquirió la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Jerez por “dos duros”.
José Ramírez, de la Plataforma Laicista, asegura que “el deseo de inmatricular todo lo inmatriculable ha llevado a la Iglesia a inmatricular cosas que eran de la propia Iglesia, es decir, unas monjas o curas tenían un convento o iglesia, y llegó el obispo y lo inmatriculó”. Según el portavoz, “una cosa es que la iglesia use un espacio y otra es que sea de su propiedad”.
Sobre la imagen de la Iglesia en todo este escándolo patrimonial, Miguel Benítez opina que “la jerarquía está preocupada porque la imagen que dan ante la opinión pública es que ha inmatriculado a diestro y siniestro sin ningún tipo de escrúpulos. Aunque reconozca solamente 1.000 bienes, se demuestra lo que la Iglesia siempre ha intentado ocultar, y es que ha inmatriculado siempre en una línea inmaculada, y ahora ya no está sin pecado original, tiene un gran pecado original. Hizo cosas impropias aunque fuera en el marco de la constitución”, explica el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
En el caso de Jerez, es lo que ha ocurrido con la basílica de la Merced, la de la patrona de la ciudad, o la del Carmen, la patrona de los marineros. Estos bienes estaban a nombre de la Iglesia y ahora la Iglesia ha reconocido que pertenecen a las órdenes religiosas (Orden de la Merced Provincia de Castilla y Orden de los Padres Carmelitas, respectivamente).
En palabras de José, “esto es un cambio de cromos entre amigos”. Al final los bienes, en el caso de Jerez, siguen estando bajo el mismo paraguas. Para José Luis, también miembro de la plataforma, “la orden no va a hacer nada porque las órdenes guardan obediencia a la jerarquía católica. Si tuvieran algún tipo de rendimiento económico, el obispo intervendría, como ocurre con los palcos de Semana Santa”.
"Lo más preocupante son los casos de San Mateo o San Dionisio"
Sin embargo, más allá de este “reparto entre amigos”, para José Ramírez hay otros asuntos muy preocupantes: “Lo gordo es que no aparecen cosas que debían de aparecer, como la Iglesia de San Dionisio o San Mateo de Jerez, que están inmatriculadas desde 1993. La lista que han dado no es correcta. Estas iglesias desde antes estaban declaradas como “monumento nacional” (ahora BIC) y deberían de aparecer. También está Santo Domingo, San Juan de Letrán o San Juan de los Caballeros. Es más, en este caso la inmatriculación se hizo antes del decreto de Aznar.
Uno de los casos más hirientes es el de la Torre del Reloj que colinda con San Dionisio, otro monumento BIC que sin embargo aparece bajo las lindes de la Iglesia, como dentro de su perímetro, por lo que quedó anexo a la inmatriculación de San Dionisio. Esto quiere decir que un edificio que realmente pertenece al Ayuntamiento, de momento no está registrado como tal y el consistorio de la ciudad no hace nada por solucionarlo.
"Esta lista es una chapuza para tapar los 100.000 bienes inmatriculados desde Franco"
Para José, esta lista “es un fraude”, pero por lo menos “ha reconocido que han cometido muchos errores, una chapuza para tapar los 100.000 bienes que han inmatriculado desde los tiempos de Francos para acá”.
Esta ley “ley injusta e inconstitucional” comenzó a fraguarse en 1864 y ha tenido varias derivas, siendo la más polémica la reforma que hizo Aznar en 1998. Como explica Miguel Benítez, portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba, “el obispo, simplemente firmando un escrito, podía apropiarse de bienes, por lo que miles y miles de bienes públicos han sido inmatriculados inconstitucionalmente por la iglesia. Desde 2015 se retira el artículo por ser anticonstitucional”.
José Ramírez, en la misma línea, comenta que “un obispo durante más de 50 años ha puesto a su nombre lo que ha dado la gana sin que nadie proteste". Además, otra de las problemáticas añadidas es que el Ayuntamiento colabora con esos bienes que no son suyos. “Ni siquiera hace un acuerdo de colaboración para ayudar a arreglar a cambio de que se hagan actividades culturales. La Iglesia se aprovecha y los ayuntamientos no hacen nada”, concluye José.
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