El Ayuntamiento empieza a tapiar los accesos al hotel Palmera Plaza, de la calle Pizarro, abandonado desde hace años y saqueado en innumerables ocasiones, por motivos de seguridad, para que personas ajenas a la propiedad accedan al mismo y puedan producirse actos vandálicos, con el consiguiente riesgo que ello supone para la seguridad del propio inmueble y de los colindantes. Los vecinos se alegran del gesto, que supone evitar incidentes como los incendios registrados en algunas ocasiones por las personas que utilizan las instalaciones para diversos fines. Hasta ahora se desconocía quien era el propietario del hotel, por lo que el Consistorio jerezano no podía realizar actuaciones en un complejo situado junto a la Real Escuela de Arte Ecuestre y muy cerca del centro de la ciudad, con el consiguiente daño a la imagen del municipio que ocasionaba.
La sociedad Grand Palmera Plaza Hotels SL es la que figura como propietaria del establecimiento, una firma que está en proceso de liquidación por orden del Juzgado Mercantil número 1 de Girona, como publica Diario de Jerez, una compañía con sede en Barcelona, que durante el concurso de acreedores se considera “culpable” de su situación financiera y su anterior administrador fue condenado a una pena de dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.
El Ayuntamiento, que durante años ha buscado la forma de encontrar al dueño de las instalaciones para proponerle la venta a empresarios interesados, asegura que hay personas interesadas en hacerse con el denostado complejo hotelero, aunque en estos momentos no puede venderse, porque está a la espera de salir a subasta judicial, por encontrarse la sociedad propietaria en quiebra. “Desde el Ayuntamiento no dejamos de actuar. Hacemos comunicaciones por escrito e instamos a los propietarios a que normalicen en materia de seguridad el abandono de esos inmuebles”, decía días atrás el teniente de alcaldesa de Patrimonio, Francisco Camas, en declaraciones a Diario de Jerez, quien sostiene que el Consistorio está intentando solucionar estos conflictos “de buenas maneras y tampoco agobiar a la gente con multas, pero si es necesario llegar a eso también se hará”.
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