Los populares insisten en que su intención no es bloquear el procedimiento de reincorporación de los 91 despedidos, aunque sigue siendo necesaria la figura de la secretaria municipal para celebrar el pleno extraordinario.
La semana comenzaba sin fecha para el pleno extraordinario para aprobar la readmisión de los afectados que cuentan con despido improcedente en sus demandas individuales y quieren regresar a su puesto en el Consistorio. Según el gobierno local la dilatación de dicha convocatoria era debida a la baja de la secretaria municipal, reposnsable de subricar el informe de legalidad sobre el ERE solicitado por el PP.
El partido responsable de los despidos y su concejal del PP, Antonio Saldaña, se apresuraba e aclarar que la intención de su intención no era bloquear el procedimiento sino cerciorarse de su legalidad y que, en cualquier caso la petición del informe no impedia la convocatoria del pleno. Además se comprometían a retirar dicha solicitud para que esta no fuera utilizada como excusa por el gobierno y afirmaba de manera taxtativa que si el procedimiento era legal, bloquearían nada. Han tardado menos de 24 horas en remitir a los medios de comunicación rito de solicitud para que se retire la anterior petición de informe del secretario sobre la legalidad del ERE, que adjuntaron con el ruego de su publicación.
Según Saldaña, "nadie quiere firmar el informe y yo entiendo que es porque no tienen la garantía legal. Qué casualidad que se pida un informe de legalidad y ahora se quita todo el mundo de en medio". Ahora el balón está en el tejado del ejecutivo local, quien tendrá que buscar a la persona competente que sustituya a la secretaria municipal —de baja por depresión—, un funcionario del Estado licenciado en derecho, y continuar con el procedimiento de incorporación de los 91 afectados.
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