El PSOE tiene siete días para decidir el futuro de los afectados del ERE municipal

"Que la alcaldesa nos diga de una vez si es sí o si es no, y si es no, deberá atenerse a las consecuencias", advierten los despedidos.

No hay más plazos. El gobierno municipal de Mamen Sánchez (PSOE) tiene siete días para decidir el futuro de los 116 afectados con sentencias improcedentes por el ERE que promovió el PP en el Ayuntamiento en 2012. El próximo 6 de octubre está previsto el primer señalamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya no da más margen para la negociación, y una vez que falle en relación con cada una de las demandas individuales recurridas no habrá posibilidad de acuerdo extrajudicial. "La posibilidad de transaccionar solo cabe mientras los procedimientos están vivos, una vez que exista sentencia firme la posibilidad legal se pierde. La preocupación es que en el momento en que se dicte la sentencia no será posible transaccionar", ha manifestado Antonio Junquera, uno de los portavoces de la plataforma de afectados, que ha comparecido ante los medios este martes a las puertas del edificio de los grupos municipales.

En ese inmueble resiste un nutrido grupo de afectados desde hace casi dos meses, a la espera de la decisión final que adopte el ejecutivo socialista. Cuando todo hacía indicar que hace semanas un pleno extraordinario aprobaría los acuerdos transaccionales para remitirlos al TSJA y que este los homologara para hacer efectivas las readmisiones —en principio de 91 empleados públicos que recurrieron—, la regidora socialista modificó los planes. La baja de la secretaria municipal —justo el día después de que el PP le solicitara un informe de legalidad sobre las reincorporaciones— y una supuesta comunicación extraoficial con magistrados que desaconsejan aprobar los acuerdos —se podría incurrir en un delito de prevaricación— han frenado el procedimiento para deshacer parte de un ERE que el propio TSJA ya consideró no ajustado a derecho por arbitrario. 

"Llevamos 55 días de encierro, consideramos que esto es una vergüenza, es inhumano"

"Llevamos 55 días de encierro, consideramos que esto es una vergüenza, es inhumano, y la única información son las últimas declaraciones de la alcaldesa en las que dice que ahora necesita un informe penal. No nos ha dado la cara y exigimos que públicamente diga qué va a hacer con nuestras vidas porque el 6 de octubre son los primeros señalamientos y ya no hay más plazos", ha lamentado Yolanda Ruiz, otra de las representantes de los afectados. A lo que ha añadido: "Quedan días y estamos en sus manos". Acompañados por representantes de partidos de la oposición como Ganemos, IU y Ciudadanos, los afectados han subrayado su "máxima preocupación" porque entienden que el hecho de que ahora diga Sánchez que asumirá "riesgo cero" con las readmisiones es algo "fuera de lugar". "El riesgo cero no existe en la vida pero es que además existen suficientes informes que dicen que sí es posible aprobar las transaccionales", ha puntualizado Junquera. En este sentido, ha recordado el caso reciente de un empleado despedido en el Ayuntamiento de Sanlúcar, cuyo cese fue declarado improcedente y que, pese a no recurrir, el acuerdo transaccional fue homologado por el TSJA. Solo con este ejemplo, a juicio del afectado, "el debate jurídico está resuelto". De lo contrario, ha cuestionado, "¿insinúan que el TSJA prevarica cuando ya ha homologado un caso idéntico en el Ayuntamiento de Sanlúcar? Tienen la respuesta, ¿a qué están esperando? Parece que quieren un informe que les diga que no pueden hacerlo". 

"No entendemos este miedo —han insistido los afectados—, están jugando con 116 familias, con nuestro futuro, con nuestra esperanza de volver a trabajar, no entendemos cómo después de un año vienen a decirnos que no, que ahora hace falta otro informe. La legalidad de la reincorporación de todos los trabajadores está suficientemente acreditada". En este contexto, han exigido a la alcaldesa que "nos diga de una vez si es sí o si es no, y si es no, deberá atenerse a las consecuencias". Ante los medios, el portavoz de la plataforma de afectados ha recordado que "a nosotros nos echó el PP, Pelayo y su banda nos señalaron con el dedo y de manera arbitraria nos echaron a la calle, y esa batalla no está cerrada e intentaremos que paguen por lo que hicieron, pero esta señora juega con la esperanza de 116 familias pese a estar acreditada la legalidad de la incorporación".

"Hasta ahora no han cumplido absolutamente con nada de lo acordado, llevamos meses denunciándolo"

Tanto el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, como la concejal y diputada de Ganemos, Ángeles González, han insistido en los argumentos esgrimidos por los afectados para reclamar al gobierno local que no dilate más la aprobación de los acuerdos previos a las reincorporaciones. En cambio, no han aclarado qué ocurriría con el acuerdo de investidura si definitivamente hay marcha atrás y los afectados no vuelven a sus puestos de trabajo. "Hasta ahora no han cumplido absolutamente con nada de lo acordado, llevamos meses denunciándolo", ha enfatizado Berdejo, mientras que González ha mantenido que no se puede colaborar con un equipo de gobierno que "solo improvisa y replantea". Así las cosas, el líder de IU en Jerez ha reclamado que "al menos se convoque el pleno y que sea en última instancia el juzgador del litigio el que decida. Su miedo no está sustentado en nada, no hay documento por escrito que recoja ese riesgo, al contrario".