El TSJA declaró en marzo de 2013 el ERE "arbitrario" y "no ajustado a derecho por insuficiencia de los criterios de selección de los afectados", aunque la decisión del Supremo sucede a esta decisión. El Gobierno local considera “muy importante” que esta decisión y ha asegurado que "fue una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria". Ahora toca esperar que se notifique oficialmente la sentencia, tras lo que los despedidos podrán recurrirla individualmente.
"Sigamos diciendo que estamos vivos y que este ERE es injusto", espetó esta mañana Juan Manuel Sánchez Padilla, de CCOO, nada más comenzar la asamblea informativa sobre el ERE municipal ejecutado en 2012. "Ahora hay que pensar qué vamos a hacer, tanto en el ámbito sindical como en el jurídico", continuó Sánchez. Los trabajadores, concentrados esta mañana frente a la puerta del Ayuntamiento tras la asamblea celebrada, confiaban en que el Supremo ratificara la decisión del tribunal andaluz, que hace poco más de un año estimó que el PP había hecho la lista de despedidos "sin pedir el currículo, sin valorar el tiempo de prestación del servicio, sin evaluar la formación académica específica para desempeñar el puesto de trabajo, sin tener en cuenta la competencia técnica ni la experiencia”. Como recordaron representantes sindicales esta mañana, los propios miembros del gobierno local reconocieron en el juicio que habían elaborado la lista sin seguir los criterios especificados anteriormente.
Las reacciones no se han hecho esperar y representantes de la oposición como Raúl Ramírez, de Foro Ciudadano, ya han expresado su postura acerca del fallo del Supremo. Ramírez considera que es una “injusticia de dimensiones colosales” y añade que "a partir de ahora haremos todo lo que esté en nuestra mano ante este atropello brutal". El portavoz de esta formación considera que "Jerez no puede permanecer ni un segundo más impasible ante un gobierno local del PP que, en lugar de generar riqueza y puestos de trabajo, se alegra y siente como una victoria el haber destrozado la vida a cientos de familias". Ramírez apunta que "Pelayo va a tener que dar muchas explicaciones tras esta aberración y va a tener que explicar por qué ha permitido despidos de personal con 45 días por año trabajado sin límite de años; por qué ha pagado a personal con 63 años hasta 117.000 euros por jubilarse; y muchas más actuaciones que en nada tienen que ver con las causas económicas que supuestamente justifican el ERE municipal y que desde ya van a ser objeto de estudio y análisis por si pudieran incurrir en ilegalidades tanto en vía social como penal”. Ramírez ha anunciado que van a respaldar a los afectados: "Estaremos con ellos en cuantas acciones y actuaciones decidan llevar a cabo, pero desde ya dejamos claro que, de seguir gobernando el PP en Jerez, lo peor está por llegar pues desde hoy esta alcaldesa ya tiene barra libre para arrasar a cientos y cientos de empleados públicos".
El PSOE, por su parte, "acepta pero no comparte" el fallo del Supremo y muestra su pesar por esta noticia, que "supone el espaldarazo a una decisión injusta". Y añade: "Nos parece absolutamente indignante que mientras una ex alcaldesa de esta ciudad se sienta en el banquillo de los acusados por cumplir con su deber con la plantilla municipal y abonar en tiempo y forma las nóminas a que tenían derecho; la actual alcaldesa María José García-Pelayo se encuentre brindando en la alcaldía con Moët & Chandon por haber destrozado la vida a cerca de 300 trabajadores y la de sus familias". Desde las filas socialistas temen que el PP vea este fallo como un “cheque en blanco” para llevar a cabo más medidas de despido, recortes y subida de impuestos. "Este hecho refleja la verdadera actitud de la derecha con respecto a la clase obrera, a la que en reiteradas ocasiones ha engañado con ERE y ERTE arbitrarios, realizando una política de personal nefasta y un acoso y derribo a quien no comulgue con sus ideas", apostillan desde el PSOE.
Santiago Casal, líder del PA en la ciudad y afectado por el ERE municipal, apunta: "Somos conscientes de que los criterios utilizados por el gobierno municipal del PP han sido discriminatorios y arbitrarios. De haberse utilizado los criterios que figuran en la memoria expositiva del ERE, la lista de afectados hubiese cambiado en un 80%". Para Casal, esta sentencia es un "mazazo" para los afectados, pero confía en que el proceso que se abre ahora con las demandas individuales traiga buenas noticias para los trabajadores. Para finalizar, el andalucista pide al gobierno municipal que readmita a los afectados cuyas sentencias individuales fallen a su favor para demostrar la "buena voluntad del gobierno".