El actual gobierno municipal del PP lleva desde principios de mandato, hace seis meses, con la mosca detrás de la oreja respecto de la gestión que se ha seguido en los últimos ochos años en Comujesa, la empresa municipal instrumental que gestiona y explota servicios tan sensibles como los autobuses urbanos y la ayuda a domicilio. La situación a día de hoy es de bancarrota.
Los datos oficiales de Tesorería evidencian los impagos y facturas pendientes en Comujesa por importe de 2.057.093,86 euros, y la previsible causa de disolución automática esta sociedad municipal, según ha denunciado el PSOE de Jerez, principal responsable, según el actual gobierno local, de la deriva de la mercantil pública. Sin embargo, desde el PSOE de Jerez insisten en que el aumento de las deudas se debe a los aumentos de los costes de materiales, combustibles y subidas salariales en la empresa.
Comujesa tiene presupuesto de 2022 prorrogado, por lo que según los socialistas se deberían haber acudido al fondo de contingencia para afrontar los incrementos de impagos en la sociedad. "Se van a comer ahora presupuesto de los proveedores para pagar las nóminas porque no han inyectado dinero desde el Ayuntamiento", defiende el portavoz municipal José Antonio Díaz.
En una nota conjunta con La Confluencia, ambas formaciones han solicitado, en virtud del artículo 29 de los estatutos de la sociedad, la convocatoria de un consejo de administración urgente y extraordinario para que la alcaldesa-presidenta, María José García-Pelayo, y la gerencia den explicaciones de la situación económica que presenta la sociedad municipal sobre los siguientes asuntos: informe detallado de facturas sin pagar; informe de deuda financiera de Comujesa con el Ayuntamiento; informe de previsión de cierre del ejercicio 2023; informe detallado de posibles causas de desviación respecto al presupuesto 2022; e informe de posibles medidas y soluciones.
En un pleno de julio pasado, donde el propio ejecutivo descartó aprobar las cuentas de Comujesa de 2022, el segundo teniente de alcaldesa Jaime Espinar resumió en su intervención que "la etapa anterior no solo fue caótica, sino que fue una gestión oscura". En base a ello, los concejales del PP votaron en contra de las cuentas presentadas por el anterior ejecutivo para Comujesa y se anunció la petición de la junta general del ente para encargar una auditoría de gestión hasta el último día del gobierno anterior, junio de 2023. "Ante tanta oscuridad, hay que poner algo de luz", dijo.
En relación con la nota de prensa enviada por los grupos municipales PSOE y La Confluencia en relación a Comujesa, el gobierno municipal solo ha manifestado que "sorprende ver que basen su petición de convocatoria en el artículo 29 de los estatutos de la sociedad. Dicho artículo no hace referencia alguna a la convocatoria del consejo de administración, por lo que la petición carece de argumento legal alguno".
De hecho, han añadido, "el artículo 29 dice literalmente Corresponde al Consejo de Administración las más amplias facultades para el cumplimiento del objeto social, así como la representación de la Sociedad en todos los asuntos que le pertenezcan; por tanto, podrá comparecer ante toda clase de autoridades, organismos públicos y privados, Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción; ejecutar actos de dominio y disposición respecto a toda clase de bienes, así como inmuebles, propiedad de la Sociedad”.
En relación a la convocatoria del consejo de administración, es el artículo 22 el que lo regula y exige la firma de, al menos, cinco consejeros, para su efecto, estando el escrito firmado sólo por tres. Por tanto, "ni el artículo que invocan es correcto ni cumplen ningún requisito para que se convoque el consejo de administración de esta empresa municipal". No obstante, el ejecutivo local no ha aclarado el futuro inmediato de Comujesa, a tenor de la crítica situación en la que se encuentra una sociedad municipal con unos 1.200 empleados públicos.