El Ministerio de Hacienda ha aprobado un nuevo paquete de medidas para aliviar la presión financiera que sufren los ayuntamientos con mayor nivel de endeudamiento en España. En total, 85 municipios podrán beneficiarse de esta iniciativa, que busca garantizar la viabilidad económica de estas entidades locales a medio y largo plazo. Entre los beneficiarios, destacan diez localidades de la provincia de Cádiz, entre ellas Jerez, Algeciras y La Línea.
La medida se basa en una revisión de las condiciones de los préstamos vigentes con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Los ayuntamientos podrán acogerse de forma voluntaria y ajustarse a nuevos plazos y modalidades que suavizan las obligaciones financieras. Con este paso, el Ejecutivo da continuidad a la política iniciada en años anteriores para apoyar a las administraciones más comprometidas económicamente.
Plazos más amplios y cuotas más bajas
Una de las principales novedades de este acuerdo es el desplazamiento de vencimientos de los préstamos hasta finales de 2025. Los pagos previstos entre junio y octubre del próximo año se trasladarán al 30 de diciembre, permitiendo reducir a la mitad la cuota de amortización anual.
Además, el Gobierno ofrece la ampliación de los plazos de amortización hasta 10 o incluso 20 años adicionales, dependiendo del tipo impositivo de cada municipio en el IBI. Este cambio, vigente para préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre de 2024, permitirá a los consistorios disminuir significativamente los pagos anuales y generar margen económico en sus presupuestos.
El nuevo modelo de amortización será en cuotas crecientes, con inicio de pagos fijado para el 31 de octubre de 2026 y vencimiento final máximo en 2070. Con ello, se eliminan periodos de carencia previos, lo que facilita una planificación más estable en el tiempo.
Sustitución de retenciones por préstamos
Otra de las medidas clave es la posibilidad de sustituir las cancelaciones de deuda mediante retenciones en la Participación en los Tributos del Estado (PIE) por nuevos préstamos. Esta opción va dirigida a aquellos ayuntamientos que, en su momento, no formalizaron los préstamos asociados a los procedimientos de pagos a proveedores.
Estos nuevos préstamos se formalizarán por el importe equivalente al saldo vivo de la deuda y tendrán condiciones similares a los préstamos cuyo plazo de amortización ha sido ampliado. No se aplicarán periodos de carencia, y los pagos podrán extenderse hasta el 31 de octubre de 2060 o 2070, en función del caso.
Requisitos para acceder a las ayudas
No todos los municipios podrán acogerse automáticamente a estas condiciones. Para beneficiarse, deberán haber presentado, antes del 31 de marzo de 2025, la liquidación de su presupuesto de 2023 o 2024, o bien la información del cuarto trimestre del presupuesto de 2024. Además, deben encontrarse en alguna de las situaciones de riesgo contempladas por el Ministerio.
Entre estas condiciones se incluye estar ya sujetos a un plan de sostenibilidad financiera, haber cumplido criterios de deuda sin acogerse a anteriores medidas o estar calificados como entidades en riesgo extremo por el Ministerio de Hacienda. En todos los casos, se requiere un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por mayoría simple para formalizar la adhesión al nuevo paquete.
Planes de sostenibilidad financiera, obligatorios
La medida también establece que los ayuntamientos que no estén sujetos a planes de sostenibilidad deberán presentar uno nuevo para poder beneficiarse del paquete. Estos planes deberán incluir compromisos de ahorro anual neto, y serán evaluados por el Ministerio durante el primer semestre de 2027.
En el caso de ayuntamientos con planes ya vigentes desde 2023 o 2024, se adaptarán a las nuevas condiciones sin necesidad de rehacerlos, aunque su seguimiento se pospone también a 2027. Esta exigencia refuerza el compromiso del Gobierno con el rigor presupuestario y el control del gasto público.
La revisión de las condiciones financieras afecta a préstamos por un importe superior a 4.223 millones de euros. La medida no implica una condonación de deuda, sino una reprogramación más favorable para los municipios. Con ello, se busca mejorar su liquidez, reducir la morosidad y reforzar su capacidad de inversión y prestación de servicios.
Esta decisión se suma a otras iniciativas ya adoptadas desde 2019 para apoyar a los entes locales con problemas financieros, como los mecanismos extraordinarios para proveedores y planes de ordenación de pagos. El Ejecutivo considera fundamental mantener la estabilidad presupuestaria sin comprometer los servicios públicos.
Diez municipios de Cádiz, entre los beneficiarios
La provincia de Cádiz es una de las más beneficiadas por la medida. Diez de sus municipios podrán optar por acogerse, entre ellos Jerez, Algeciras, La Línea, Puerto Real, Arcos, Los Barrios, Barbate, Chipiona, Prado del Rey y Espera. Todos ellos presentan niveles elevados de endeudamiento y podrán ganar margen de maniobra gracias a estas nuevas condiciones.
Estas localidades se integran en un grupo de 36 municipios andaluces incluidos en la lista de potenciales beneficiarios, lo que refleja el peso que la región tiene en este nuevo plan de rescate financiero.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el organismo encargado de gestionar la aplicación de las nuevas condiciones. Tanto para la modificación de los préstamos actuales como para la formalización de nuevos créditos, el ICO asumirá la coordinación financiera con los ayuntamientos y con el Ministerio de Hacienda.
Este respaldo técnico busca agilizar los procesos y asegurar que las entidades locales cumplen los requisitos establecidos sin dilaciones administrativas que comprometan su situación económica.
Una estrategia para fortalecer el Estado de Bienestar
Desde el Gobierno se subraya que este conjunto de medidas busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas locales, en un contexto donde muchos municipios aún arrastran deudas estructurales. El objetivo final es que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales con garantías de calidad y sin tensiones presupuestarias.
La flexibilización de los pagos, la mejora en las condiciones de amortización y la exigencia de planificación financiera se integran en una estrategia más amplia orientada a consolidar el Estado de Bienestar, reforzando a las entidades más cercanas a la ciudadanía: los ayuntamientos.
Con este nuevo impulso, el Ejecutivo confía en que los ayuntamientos afectados aprovechen la oportunidad para sanear sus cuentas, planificar a largo plazo y reforzar su capacidad de respuesta ante los retos económicos y sociales. En un momento de incertidumbre fiscal, la medida busca ofrecer estabilidad sin perder de vista el equilibrio financiero del conjunto de las administraciones públicas.
