El ejecutivo de Mamen Sánchez entra en pánico: la sombra de la prevaricación acrecienta la posibilidad de una marcha atrás total en la readmisión de los 116 afectados por el ERE municipal. La decisión final marcará su continuidad a corto plazo al frente de la Alcaldía.

De “bienvenidos a vuestra casa” a “asumiremos riesgo cero con las readmisiones”. Entre esas dos frases solo media un año. Entre esas dos frases parece ya claro que está a corto plazo la continuidad o no de Mamen Sánchez como alcaldesa de Jerez. “Esto va a reventar, no hay otra salida; si no readmite a estos trabajadores tendrá que dimitir porque el ERE ya es suyo, es ella la que se ha comprometido una y otra vez con ellos y es ella la que tendrá que irse si es incapaz de cumplirlo. Si no sale esto, no va a salir ya nada”, aseguran fuentes próximas al entorno de la regidora socialista, que gobierna la quinta ciudad andaluza en población, clave para el sostenimiento del PSOE en la Diputación de Cádiz y también para que a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le cuadren los votos. Ha pasado un año de esa bienvenida que pronunció Mamen Sánchez en el pleno y los 116 empleados públicos que fueron despedidos de forma arbitraria e improcedente por el gobierno del PP siguen desahuciados.

Cada vez que han visto la luz tras un calvario de cuatro años y han estado a un paso de volver ‘a su casa’, un nuevo revés ha frenado la reincorporación. Desde aquel compromiso público del 1 de octubre de 2015, sellado también por Ganemos, C’s e IU, el procedimiento seguido por el ejecutivo socialista para abordar la readmisión de estos trabajadores ha sido tan rocambolesco casi como el que los puso en la calle. Ya un mes después de aquel pleno, sobrevoló una marcha atrás en las readmisiones aunque Sánchez siguió firme en su compromiso y reiteró que la fecha tope para las mismas sería el pasado 30 de junio. Meses más tarde, entró en escena un informe de la Dirección General de la Función Pública —dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—, en el que se aseguraba que solo un grupo de 74 afectados que sí recurrieron sus demandas individuales podían justificar en un acuerdo transaccional motivaciones organizativas y económicas para retornar al Consistorio.

El laberinto del ERE municipal reservaba una nueva fractura para los afectados, que veían ahora como se subdividían entre quienes habían recurrido a sus demandas individuales y quienes no lo hicieron mal asesorados por sus abogados. Mientras Ganemos e IU, principales apoyos políticos del PSOE, se cerraron en banda para defender que debían reingresar todos, al ejecutivo socialista no han dejado de temblarle las piernas, viendo como el desgaste iba en aumento y la salida cada vez era más obtusa. Llegó julio y no hubo ni rastro del pleno. En paralelo, el presupuesto para este año y la revisión del Plan de Ajuste a la que obliga Hacienda sí estaban cuadrados teniendo en cuenta el gasto ‘extra’ por las readmisiones. Pero seguían las dudas y los temores. Nueva petición de informe externo al bufete de abogados del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Alfonso Martínez Escribano. Unos 14.500 euros de dinero público para prácticamente dar vueltas a lo mismo: pueden aprobarse los acuerdos transaccionales en pleno aunque solo para 93 afectados. Los restantes, que no recurrieron, no ofrecen garantías de legalidad. Ganemos e IU insistían: deben de volver todos. Parte de los afectados, encerrados durante dos meses en el edificio de los grupos municipales, velan armas: o todos, o ninguno.

Todo estaba previsto para que antes de mediados de septiembre se aprobaran en un pleno extraordinario dichos acuerdos transaccionales que deben remitirse al TSJA para hacer efectiva las readmisiones. El PP se descolgó a última hora solicitando un informe de la Secretaría Municipal, cuya responsable accidental se dio de baja 24 horas después alegando enfermedad, lo que ha servido de agarradera al gobierno local para ganar tiempo. Pero ¿ganar tiempo para qué? Los populares anunciaron la retirada de dicho informe y el pleno ha seguido sin convocarse. Ahora la ‘excusa’ es solicitar un informe de expertos penalistas que garantice que no se vulnera la ley si el pleno aprueba solicitar al TSJA las reincorporaciones. Ya hace meses el abogado Juan Pedro Cosano emitió un dictamen, a instancia de los afectados, en el que aseguraba que no había ilegalidad alguna si se remitía al Alto Tribunal andaluz las transaccionales.

Cada día una nueva duda. Una sombra de ilegalidad permanente que bloquea el proceso y frustra aún más a los afectados y al propio ejecutivo socialista, que comprueba que este asunto bloquea la gestión diaria de un municipio tan enorme como Jerez. “Estamos dedicando demasiado tiempo a este asunto, la ciudad tiene 215.000 habitantes, no podemos estar solo pendientes de qué va a pasar con el ERE”, reconocen fuentes municipales a este medio. A lo que añaden otras: “Va a dar marcha atrás, el expediente no hay por donde cogerlo y va a prevaricar si lo aprueba, ya ha dicho [Antonio] Saldaña que se reservan actuaciones judiciales si no es legal el acuerdo”. Pase lo que pase, Mamen Sánchez debe decidir y en esa decisión parece claro que está su futuro inmediato en la Alcaldía. De momento, su gobierno ha entrado en pánico: "Asumiremos riesgo cero en las readmisiones". "Sería injusto no reconocer que durante más de un año la socialista ha hecho todo lo posible por cumplir con su compromiso con los afectados pero a veces con intentarlo no es suficiente", apuntan las fuentes consultadas.

En paralelo al conflicto del ERE, la guerra sindical abierta en el seno del Ayuntamiento no parece que vaya a amainar porque los puentes de comunicación se han reventado y los ajustes se empezarán a aplicar unilateralmente desde el 1 de octubre, según anunció la propia regidora. Los proyectos de ciudad siguen empantanados y la escandalosa cifra del paro da la tregua habitual de la temporada alta a la espera de que regrese el invierno. Como remate, el Consistorio se encuentra sin funcionario que ejerza como secretario municipal —cuatro técnicos de la casa se han negado a asumir esta responsabilidad—, por lo que por primera vez en la historia democrática reciente no podrá celebrarse el pleno ordinario mensual. "Esto va a reventar", insisten unos y otros. ¿Moverá ficha el PSOE andaluz?

Sobre el autor:

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Fundador y Director General de ComunicaSur Media, empresa editora de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología. Primer premio de la XXIV edición del 'Premio de Periodismo Luis Portero'.

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