La Junta de Andalucía ha paralizado la construcción de tres urbanizaciones ilegales en terrenos rústicos del núcleo rural de San Isidro del Guadalete, en Jerez. En total, se han precintado y suspendido obras en 36 parcelas ubicadas en suelos clasificados como no urbanizables de especial protección, según recoge una nota difundida por la administración autonómica.
Es la segunda intervención en Jerez en 2025
Esta operación representa la segunda intervención de este tipo realizada en Jerez en lo que va de año. El pasado 26 de febrero, los servicios urbanísticos de la Junta detuvieron otra actuación ilegal en 21 parcelas situadas en la zona de Lomopardo, donde se habían iniciado obras sobre 5,7 hectáreas de terreno inundable y de alto valor paisajístico. Un mes más tarde, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río y la completa anegación de esas tierras, lo que, según la Junta, evidencia la importancia de las inspecciones preventivas para proteger a la población frente a riesgos naturales.
Freno a las construcciones ilegales
En el caso de San Isidro del Guadalete, el operativo ha sido coordinado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y ha contado con el apoyo de la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, técnicos de Endesa, la comunidad de regantes de Guadalcacín y responsables de la protección del dominio público hidráulico. Su objetivo ha sido frenar la proliferación de construcciones ilegales en un entorno natural con protección especial, próximo al río y al paraje de La Cartuja.
Ocupan en conjunto más de cinco hectáreas divididas en 5, 15 y 16 lotes
Las tres parcelaciones intervenidas ocupan en conjunto más de cinco hectáreas y estaban divididas en 5, 15 y 16 lotes respectivamente. En ellas se habían iniciado trabajos de urbanización como la apertura de caminos, instalación de fosas sépticas y conexiones de agua, además de la colocación de viviendas prefabricadas que comenzaban a consolidarse como edificaciones permanentes.
Traslado a la Fiscalía
Las actuaciones fueron denunciadas por la Guardia Civil a la Inspección Autonómica, que ha identificado las obras como contrarias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Esta normativa considera dichas intervenciones una infracción muy grave contra la ordenación del territorio, y podrían además constituir delitos en materia urbanística y medioambiental. Por ello, la Junta ha trasladado el caso a la Fiscalía especializada.
La intervención se enmarca en el Plan General de Inspección 2023-2026 de la Junta de Andalucía, que busca reforzar la vigilancia y preservación del territorio. En 2024, este plan cerró con un récord de 2.149 actuaciones, incluyendo casi 500 precintos. La Junta destaca que el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construcciones ilegales se ha multiplicado por 14 en comparación con 2018.