La celebración de la procesión Magna aún no se puede dar por cerrada. Casi tres meses después del 19 de octubre, la Unión de Hermandades de Jerez no ha convocado el pleno que debe rendir las cuentas finales de lo que supuso el acontecimiento, una situación que está causando malestar entre los hermanos mayores ante la previsión de pagos pendientes por cada cofradía en los gastos que tuvieron para la procesión.
Consultado este asunto con el presidente, este medio no ha recibido respuesta alguna sobre cuándo será ese pleno y en qué estado están las cuentas. Se especula con que podría convocarse a finales de mes. Por lo pronto, cada hermandad ha recibido un primer pago ‘a cuenta’ de 3.000 euros de los más de 5.000 que se comprometieron a repartir.
Algunos hermanos mayores consultados han mostrado su impaciencia por que se les liquide lo correspondiente para atender a los proveedores -cera y flores principalmente ya que la contratación de bandas eran por cuenta y riesgo de cada hermandad-. El sentir general es que ha pasado suficiente tiempo como para tener claro el resultado económico final de la Magna.
El presupuesto inicial preveía ingresos por subvenciones de la Diputación -50.000 euros, ya cobrados-, de otras entidades para atender los gastos de las actividades paralelas, como Fundación Cajasol, con 10.000 euros -ya cobrados-, y del propio Ayuntamiento de Jerez, que no ha concretado cantidad alguna. El grueso de ingresos proviene de la venta de sillas que, según el presupuesto inicial, debería llegar a los 247.000 euros, cantidad a la que se le resta el 21% de IVA, unos 47.000 euros.
Para las hermandades, de cumplirse la previsión económica, se destinarían 147.000 euros, que en el reparto saldría a algo más de 5.000 euros por cada cofradía. En este mismo presupuesto, los gastos restantes ascienden a 59.000 euros. Así las cosas, el interés de los dirigentes cofrades se centra en conocer los ingresos por venta de sillas “reales”, qué se ha gastado, en qué y saber qué eventos no se han llevado a cabo y cuáles son los que no estaban previstos y se han convocado.
Al hilo de todo lo anterior, el Consejo también tiene sobre la mesa el pago que le exige el obispado de 29.000 euros correspondientes a las liquidaciones sobre los ingresos en el organismo de representación cofrade, correspondientes a tres años, un ‘impuesto’ que grava con un 5% las entradas de dinero. Esta reclamación, pese a que el Consejo intentó negociarla, no ha tenido el visto bueno de Bertemati, que tras estudiar las alegaciones resolvió que el pago sigue pendiente. ¿Saldrá de la caja de la Magna? Los hermanos mayores deberán decidirlo.