El Ministerio Fiscal no recurirrá el auto del TS que exculpa a la exalcaldesa, aunque advierte de que si se desprenden nuevos indicios "siempre podrá reaperturarse la causa" ya que el sobreseimiento es provisional.
El Ministerio Fiscal no recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo, dictada por el juez ultraconservador Antonio del Moral, en la que exculpa a la exalcaldesa María José García-Pelayo de presuntos delitos de prevaricación y falsedad por el amaño de contratos irregulares con la trama Gürtel por unos 350.000 euros. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que, en conformidad con lo emitido el pasado 29 de abril por el instructor del procedimiento en el TS, pese a la existencia de "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de los contratos de lo instruido hasta este momento "no se desprende que la exregidora conociera lo que firmaba". Eso sí, al continuar abierta la causa en la Audiencia Nacional contra otras personas relacionadas con estos contratos, entre ellos cinco técnicos municipales y los cabecillas de la red de Correa, el Ministerio Público considera que si se desprenden nuevos indicios contra García-Pelayo "siempre podrá reaperturarse la causa al haberse acordado respecto de la misma un sobreseimiento de carácter provisional".
El juez De la Mata, que sigue la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' en la Audiencia Nacional, ya ha abierto juicio oral contra nueve personas en relación con las contrataciones fraudulentas por el desembarco del Consistorio en la feria de turismo Fitur 2004, y ya señaló en su exposición razonada para la imputación de Pelayo (aforada) por el Supremo su implicación "patente" y "grosera" con estos contratos. En cambio, el instructor del Supremo calificó en su auto de "creíble" el testimonio de García-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles". "Resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable", reza. La Fiscalía, por su parte, se ha mostrado conforme con este argumento.
Los hechos investigados se remontan al año 2004 cuando se cerraron varios contratos administrativos para el desarrollo de Fitur, así como otros para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid por un total de 355.000 euros con cargo a las arcas municipales. La Audiencia Nacional se inhibió a favor del Supremo ante los indicios de criminalidad contra la diputada 'popular', que hay que recordar que desde la disolución de las Cortes ha perdido el aforamiento hasta el desenlace de las próximas elecciones generales del 26J, en las que repite como número 2 de la lista provincial del PP al Congreso de los Diputados.
El magistrado del Supremo no cuestionaba en su auto la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo "nada despreciable" de indicios que apuntan, según explica en su resolución, que la asignación de esos contratos se hizo de forma "voluntarista". La adjudicación de los contratos a empresas de la trama fue una decisión arbitraria adoptada "al margen de todo procedimiento legal" que benefició a tres empresas, según dijo Del Moral en esta resolución. Sin embargo, como recuerda Europa Press, no ha encontrado pruebas de la intervención de la exregidora.