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Pacma ha denunciado públicamente lo que califica como "graves carencias" en el funcionamiento del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Jerez, un servicio cogestionado junto a la empresa Athisa y dependiente del Ayuntamiento, a través del Servicio municipal de Protección y Bienestar Animal.

Esta queja deriva de una denuncia de la Federación por el Bienestar Felino de Cádiz (Fabifeca), en la que expone que el centro liberó de forma indebida a una gata sociable.

Marcelino Laínez, coordinador provincial de Pacma en Cádiz, ha explicado que el personal del CMPA confundió a una gata doméstica con una feral y procedió a liberarla sin cumplir los protocolos que marca la legislación vigente. "La gata no fue esterilizada, ni identificada con microchip, ni recibió la atención veterinaria obligatoria", señala. Días después, fue localizada con lesiones compatibles con un atropello. El animal logró sobrevivir, pero los gastos veterinarios fueron asumidos íntegramente por la federación denunciante.

Denuncian una gestión "negligente" y sin control

Según indica Pacma en una nota, este no es un caso aislado, sino una muestra de lo que consideran una "gestión negligente" de las competencias municipales en materia de protección animal. "El Ayuntamiento de Jerez lleva dos años consecutivos perdiendo las ayudas del Ministerio para gestión de colonias felinas por incumplimiento de condiciones", expone Laínez. Además, critica que el consistorio no cuenta con un censo oficial de colonias felinas, no colabora con asociaciones locales, ni realiza campañas de formación ni de concienciación ciudadana. También denuncian la falta de mejoras en las instalaciones del CMPA.

El partido insiste en que el Ayuntamiento está incumpliendo la normativa vigente, especialmente la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, además de la legislación sobre voluntariado y asociacionismo. También se le acusa de no hacerse cargo de los costes veterinarios de los animales bajo su tutela, como ocurrió en el caso de la gata atropellada.

Estas carencias se ven agravadas por una escasa supervisión del contrato con la empresa ATHISA, responsable de la gestión conjunta del CMPA. Además, señalan la inactividad de la Mesa de Protección Animal, un órgano de participación donde, hasta 2022, estaban representadas asociaciones animalistas, fuerzas de seguridad, colegios profesionales y otras entidades relacionadas.

Desde comienzos de año, la formación solicitó una reunión con el delegado municipal de Protección Animal. Aunque inicialmente se fijó para el pasado 20 de marzo, la cita fue suspendida ese mismo día debido a "imprevistos" y, según la formación, aún no se ha reprogramado.

Para Pacma, esta falta de respuesta institucional refleja una "preocupante falta de voluntad política" para abordar los problemas estructurales que afectan a la protección y el bienestar animal.

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Patricia Merello

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