La Policía Nacional ha iniciado esta mañana, 6 de marzo de 2025, la Operación Boreal, cuyo objetivo es desmantelar instalaciones dedicadas al cultivo y procesamiento de marihuana transgénica. La operación, que sigue en curso, ha permitido hasta el momento la detención de tres hombres, quienes son considerados los responsables de las plantaciones. Además, las autoridades continúan desarticulando otras cuatro instalaciones distribuidas en diferentes bloques de la barriada.
Los operativos se han centrado en la Barriada de la Constitución, popularmente conocida como "El Mopu", en la localidad de Jerez de la Frontera. Las plantaciones se encontraban en varios pisos de los edificios situados en las Plazas de Santa Teresa de Jesús y Pintor González Ragel. En concreto, las fuerzas de seguridad han intervenido en un bajo, un segundo, un sexto y un octavo piso, donde se hallaron las instalaciones de cultivo.
Estas actividades ilegales no solo suponen una violación de la ley en términos de tráfico de drogas, sino que también implican un grave riesgo para la seguridad pública. La presencia de cultivos de marihuana transgénica en entornos urbanos genera un alto peligro de incendios debido a la acumulación de material inflamable y a los enganches ilegales de electricidad, realizados de forma no profesional. Estos enganches, al no contar con la supervisión adecuada, son propensos a sobrecargas de tensión, lo que aumenta considerablemente el riesgo de siniestros en bloques residenciales.
Desmantelamiento de las instalaciones
La operación, que continúa abierta, se centra en la detención de los restantes responsables de las plantaciones y en el desmantelamiento de todas las instalaciones localizadas. Las autoridades también están llevando a cabo la incautación del material encontrado en el interior de las viviendas intervenidas.
La operación está siendo dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera, con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Esta intervención forma parte de los esfuerzos de las autoridades para frenar el tráfico de drogas y el uso ilegal de instalaciones en zonas residenciales.
El desarrollo de esta operación subraya los riesgos asociados al cultivo ilegal de marihuana y la defraudación de electricidad, que no solo afectan a la salud pública, sino que también ponen en peligro la integridad física de los vecinos de las áreas afectadas.