El portal inmobiliario Sa Roqueta Investment tiene diferentes inmuebles y solares a la venta en Jerez, entre ellos hay un piso en la barriada de Los Naranjos que se oferta por 59.000 euros. En cambio, tiene un problema: los posibles compradores no pueden visitarlo previamente para ver si es de su interés, ni tampoco financiarlo. ¿Por qué? Está okupado.
Con 76 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño, el piso está en un segundo sin ascensor en esta barriada de la zona noroeste de Jerez. Sin embargo, su gran handicap es que se trata de una vivienda okupada. "Atención: inmueble ocupado no se puede visitar, por lo tanto solo tramitaremos ofertas al contado, no se puede financiar", advierten desde el portal inmobiliario.
Esta situación no es tan inusual entre la oferta inmobiliaria de la ciudad. A menudo el portal inmobiliario Idealista también recoge pisos disponibles que se encuentran bajo okupación. Su precio suele ser muy inferior al de mercado, pero el comprador ha de saber que va a necesitar un proceso judicial tedioso para tomar posesión de la propiedad.
Muchas veces son los propios dueños de los pisos —a menos que sean inmuebles incluidos en la Sareb o banco malo— quienes los ponen en el mercado por un precio que puede ser hasta un 60% inferior al valor real de mercado para no tener que afrontar el largo y costoso proceso de judicial hasta el lanzamiento de los usurpadores de estas propiedades. En cambio, si se logra ese desalojo se puede encontrar una propiedad atractiva para alquiler o venta a un precio muy por debajo de lo que marca una realidad inmobiliaria con el metro cuadrado por las nubes.
En todo caso, el Gobierno ha destacado recientemente que "observa una disminución" paulatina de los casos de 'okupación' apoyándose en los datos tanto de denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de actividad en los tribunales, al registrarse 1.513 condenas firmes por los delitos de allanamiento de morada, usurpación con violencia o intimidación y de ocupación de inmuebles.
En una respuesta parlamentaria a Vox con fecha de 14 de noviembre, consultada por Europa Press, el Ejecutivo ofrecía la estadística judicial sobre este tipo de delitos para comparar la evolución de condenas firmes en los últimos cinco años.
En concreto, hubo 3.715 condenas en 2020 y luego se alcanzó la cifra máxima, con 4.961 condenas en 2021; a partir de ahí, se moderan ligeramente las condenas hasta 4.746 en 2022 y 3.471 en 2023. Hasta el segundo trimestre del presente año 2024 se han contabilizado otras 1.513 condenas. Del total de condenas en lo que va de año, la mayoría están clasificadas entre ocupación de inmuebles (1.109 condenas), seguido por usurpación con violencia o intimidación (255) y allanamiento de morada (149).
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