El Ayuntamiento de Jerez, como todas las Administraciones públicas del país, se encuentra inmerso en un proceso de estabilización de su personal funcionario laboral. El Gobierno central se ha comprometido con la UE a una Ley de Estabilización por la que debe dejar en un 8% la tasa de temporalidad.
El proceso lo inició el anterior gobierno local del PSOE, en 2022, no sin problemas y críticas. Antes de que acabe 2024, deben estabilizarse 1.067 empleos de la plantilla municipal, en base a la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, en base a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En octubre de 2023 se conocieron las listas de admitidos y excluidos de un proceso en el que se recibieron 3.765 solicitudes. Curiosamente, se deduce que entre 60 y 70 personas son despedidos en el ERE municipal de 2012, ejecutado por un gobierno del PP, que curiosamente con la misma alcaldesa pueden volver a la estructura municipal gracias a este plan de estabilización.
Un acuerdo del anterior gobierno del PSOE con CSIF y CGT permitió sacar adelante las bases del plan
El camino hasta llegar a este punto no ha sido fácil. Precisamente, los afectados por el ERE se quejaron de que, durante el proceso, la baremación recogida en las bases del plan de estabilización los excluía, al puntuar mejor a quienes había estado en la Administración local precisamente después de su salida.
Un acuerdo del anterior gobierno del PSOE con CSIF y CGT, los sindicatos más críticos con su labor, permitió sacar adelante las bases del plan, para la que se requería contar con mayoría sindical.
Cuando casi se cumple un año de la llegada al gobierno local del PP, poco se sabe del estado en el que se encuentra el plan de estabilización. Este medio ha intentado recabar la versión del ejecutivo local, sin éxito. En poco más de seis meses, debe estar culminado un proceso nada fácil, ya que se tiene que resolver el concurso de méritos, recoger alegaciones, y realizar un listado definitivo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es quien considera que en España está aplicando mal el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el caso de los interinos.
Gracias a este plan, se estabilizarán 1.067 puestos de trabajo, 911 del propio Consistorio y otros 156 de sociedades y fundaciones municipales. Cuatro funcionarios interinos se convertirán en funcionarios de carrera y 907 laborales indefinidos no fijos en laborales fijos.
Después de 30 años sin convocarse procesos de concurso-oposición en el Ayuntamiento de Jerez, el gobierno socialista sacó adelante varias OPE, aunque la última, de 2021, que tiene un plazo de tres años para convocarse, sigue en el limbo.
Filtraciones y acusaciones de enchufe
A lo largo de este procedimiento, son muchas las críticas, bien al proceso en sí o a beneficiarios del mismo que supuestamente han maniobrado para fijar su plaza.
“En Jerez se ha blindado a la gente de dentro con el baremo por fechas, pero además se promociona al personal de categorías inferiores”, cuentan fuentes conocedores del procedimiento a este medio.
“Hay una promoción encubierta, ya que se puntúa más a una persona que ocupa un puesto inferior, pero tiene la titulación superior, y puede ocupar la plaza teniendo menos experiencia y conocimientos”, reseñan.
La estabilización no 'llega' a la Fundación Andrés de Ribera, donde Mamen Sánchez tiene plaza, basándose en una ley de 2007
También hay acusaciones de todo tipo. Como que la anterior alcaldesa, Mamen Sánchez, eludió ejecutar el plan de estabilización en la Fundación Andrés de Ribera (FAR), donde tiene contrato laboral indefinido, aunque está en excedencia desde el año 2000.
En un documento al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, se recoge la decisión tomada tras la sesión ordinaria del patronato de la fundación, el 29 de junio de 2022, en el que Sánchez ejerce como presidenta.
Sánchez, entonces regidora, y el resto de patronos de la Fundación Andrés de Ribera, ratifican un informe del 23 de mayo de ese año que considera que las seis trabajadoras de esta entidad no deben pasar por un proceso de oposición para estabilizar sus plazas, y convertirse en fijas.
Mamen Sánchez es una de las empleadas de la FAR, con contrato laboral indefinido a tiempo completo, en la categoría de jefe de segunda, un puesto en el que tiene antigüedad desde 1 de octubre de 1997, aunque se encuentra en excedencia forzosa por ocupar cargos políticos desde marzo de 2000.
Sánchez, preguntada por este periódico, sostiene que “todo el personal de la FAR se encuentra estabilizado porque su proceso selectivo fue conforme a la ley de ese momento”, en referencia a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que “no tienen que realizar oferta de empleo público alguno”, recoge la resolución del patronato de la FAR aludido anteriormente.
Ruido de sables en el PSOE
El PSOE de Jerez se encuentra en estos momentos en un proceso de reconstrucción. Por llamarlo de modo suave. La dimisión de casi la mitad de la comisión ejecutiva local, en protesta por la gestión de la secretaria general Mamen Sánchez, sigue dando titulares.
El último, este mismo jueves, cuando el líder de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mandado un recado a los críticos: "La oposición dentro del partido, la interna, tiene que respetar los plazos democráticos que nos hemos dado todos. En Jerez hay una nueva dirección local, reestructurada, con 28 integrantes y así va a continuar”.
En medio de esta vorágine, hay quien quiere equiparar la fijación de la plaza de Mamen Sánchez con el portazo que sufrió Eva Bravo, anterior parlamentaria socialista y trabajadora de Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, que no estabilizó su plaza de forma automática.
Bravo tiene contrato en Emuvijesa desde 2005, antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2007 que marca la frontera para estabilizar puesto de forma automática o mediante oposiciones. En su caso tuvo un cambio de categoría, pasando de técnico superior a jefe de negociado, tras un acuerdo de pleno de 2014, donde se acordó la regularización de las categorías de toda la plantilla.
“En Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda está ocurriendo como en muchas otras, los trabajadores pedimos que se aplique la ley y no aprovechen para hacer ERE encubiertos. Tenemos que defender la aplicación de la ley para todos y todas, no solo para algunos privilegiados, defendamos los derechos de los trabajadores y no consintamos que se utilice una ley de estabilización para injustamente lo contrario”, escribió Bravo en redes sociales cuando supo que su plaza no se iba a estabilizar por este motivo.
En Emuvijesa, la OEP aprobada consideró como estructurales a 7 de los 21 trabajadores del ente municipal, es decir, los que podían optar al concurso de méritos para estabilizar una plaza como laborales fijos. Bravo es una de esas siete personas, “pero se negaba” a afrontar el concurso, aseguran fuentes municipales.
Bravo, en conversación con lavozdelsur.es, confirma que ya ha ganado el concurso, "a pesar de que en consejo de administración del gobierno anterior me restaron los años de experiencia en excedencia forzosa, algo que no ha ocurrido en otros casos —como en Fundarte—. Basarse en una norma de 2007 debería ser para todos por igual y esa norma dice que a los trabajadores de 2007 podían haberlos estabilizado, pero no se llegó a hacer en su día y ese plazo caducó, además ahí no se tendrían en cuenta las promociones internas".
"Nadie me ha regalado nada en mi vida y mi licenciatura en Derecho la terminé hace 25 años y sigo formándome cada día. Ya está bien del acoso hacia mi persona y mi reputación profesional, que tengo más que demostrada. Jamás quise un trato privilegiado para mí, solo que se me aplicara la ley igual que a los demás trabajadores y no fue el caso, puesto que ha habido personas que no han pasado por el proceso de estabilización y otras sí, estando en la misma situación, incluso otras ni siquiera eso", apunta la ex gerente de Emuvijesa.
"Era una oportunidad para todos y se ha demostrado que después de 20 años en mi plaza no había ninguna duda, aunque algunas se empeñaron en un ataque hacia mi persona como trabajadora y no ya como cargo público, que también. Se utilizaron instalaciones municipales para atacarme como trabajadora, traspasándose esa línea política y llegando a lo personal y no todo vale en política, ni en la vida. Solo pido respeto para mí y mi familia", agrega Bravo.
“Hicimos un estudio jurídico exhaustivo”, dicen fuentes del anterior gobierno local, que señala que la ex diputada y ex gerente de la empresa pública no pudo afianzar su plaza directamente, “sin ningún procedimiento”, porque entonces se estaría prevaricando.
Estas mismas fuentes temen que el PP deje morir el proceso de estabilización y que, al no consolidarse plazas, cuando las personas que ocupan determinados puestos se jubilen, no haya opción a reposición y se pierdan.
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