Aunque no estaba prevista su presencia, finalmente es Laura Álvarez, anterior teniente de alcaldesa de Recursos Humanos de Jerez y actual concejala socialista, quien comparece en la rueda de prensa convocada por el PSOE este viernes, tres días después de conocerse que el proceso de estabilización del Ayuntamiento, aprobado durante su mandato, ha sido tumbado judicialmente.
Álvarez comienza su alocución señalando que va a "decir la verdad" sobre un proceso que debe concluir con la estabilización de 1.067 puestos de trabajo del holding municipal que componen el Ayuntamiento matriz y las empresas municipales, para defender que el anterior gobierno del PSOE sacó adelante varias Ofertas de Empleo Público (OEP) tras 30 años sin convocarse —para "ordenar" la plantilla municipal, que solo tenía un 28% de personal funcionario de carrera—.
La baremación recogida en las bases del plan de estabilización que el ejecutivo local del PSOE sacó adelante con el apoyo de CGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en el Consistorio jerezano, fueron elaboradas por la sección sindical cegetista, se encarga de repetir una y otra vez Laura Álvarez, que asegura que la propuesta del gobierno local, que solo fue apoyada por CCOO, era más "ponderada y garantista". "Las bases que la sentencia ha tumbado son las bases de la representación mayoritaria del personal temporal en el Ayuntamiento", dice.
El Juzgado de lo Social número 2 de la ciudad considera en su sentencia, adelantada por lavozdelsur.es, que la baremación supera el "límite de lo tolerable" fijado por el Tribunal Constitucional. Y es que la experiencia adquirida por personal laboral temporal en la misma plaza convocada, desde mayo de 2007 en adelante, otorga 0,75 puntos por mes trabajado, y antes de esa fecha, solo 0,25 puntos mensuales. El anterior gobierno local del PSOE contemplaba en su propuesta otorgar 0,5769 puntos para quienes tuvieran experiencia en la plaza convocada, sin distinción por fechas.
"Hay que enseñar toda la documentación que acredita que hubo muchísima negociación —se convocaron más de 20 Mesas de Negociación— y que el Ayuntamiento trabajó unas bases", insiste Álvarez. La propuesta del gobierno solo fue apoyada por CCOO. Y CGT presentó la suya, tumbada ahora por el Juzgado, y que obtuvo el apoyo de la mayoría sindical, que ostentan entre este sindicato y CSIF. "Hicimos lo que nos tocaba, que era conformar el expediente administrativo", apuntala la concejala socialista.
Otros sindicatos, como UGT y ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez), también presentaron sus propuestas de baremación, que según Álvarez, también serían tumbadas por el Juzgado de lo Social, ya que incidían en la diferencia de puntuación por fechas. El otro punto sobre el que gira la argumentación de la jueza para tumbar el proceso, la falta de reserva del cupo destinado a personas con discapacidad, no lo contemplaba ninguna propuesta, basándose en una recomendación de la Función Pública, que considera que al realizar el proceso por concurso de méritos —y no por concurso-oposición— "no hace falta reservar esa tasa porque entiende que donde hay que ayudar a las personas con discapacidad es en la fase de oposición". En febrero de este año se dictó una sentencia en firme que obligaba a reservarlo, en la que se basa la jueza.
En rueda de prensa, Álvarez, acompañada por Mamen Sánchez y José Antonio Díaz, pone el acento en que estas mismas bases que han sido tumbadas judicialmente, han salido adelante en el proceso de estabilización del personal funcionario interino y en las empresas municipales, aunque la diferencia en estos casos es que "nadie ha denunciado". Una antigua empleada municipal, afiliada a UGT, desencadena un proceso judicial que culmina con las primeras sentencias del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez.
En la sentencia, con fecha de 20 de mayo, y ante la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los cinco días siguientes a su notificación, se declara vulnerada la igualdad y derecho a la no discriminación de la trabajadora que demanda, a la que el Ayuntamiento debe abonar 6.261 euros en concepto de indemnización.
El gobierno local actual, en manos del PP, aún no se ha pronunciado sobre este asunto, por lo que se desconoce si recurrirá la sentencia. La anterior teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, anima a hacerlo porque "hay argumentos para defender por qué las bases son así". "Trabajemos todos juntos para defenderlas", apunta, y pide que todos los partidos y sindicatos vayan a una, gestionando "paralelamente con el Ministerio para pedir una prórroga", ya que el plazo para concluir el proceso de estabilización concluye a finales de año.
Ahora el Ayuntamiento debe encajar un puzle que no tiene fácil solución. Por lo pronto, hay que añadir 64 plazas para personas con discapacidad, en base a la sentencia, y reestructurar un proceso que nació —y creció— rodeado de polémica. "Hay que trabajar", asegura Mamen Sánchez, en referencia al gobierno local del PP, al que pide que lidere una posible solución satisfactoria para todas las partes.
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