El PP de Jerez ha vuelto a reclamar a la alcaldesa, Mamen Sánchez, el cumplimiento de la sentencia sobre el acuerdo de los asesores que ha sido tumbado en sentencia por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y que anulaba el nombramiento en base a una discriminación hacia el PP. El juez indicó que afectaba al derecho de los populares que los grupos municipales de Adelante y Cs contaran con dos asesores, mientras que el PP, con mayor representación, solamente uno.
La sentencia tumba el total del acuerdo y se deberá enmendar con un nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno Local: o bien, para dotar de un segundo asesor al PP, o bien eliminando la asignación del segundo asesor de Cs y de Adelante, toda vez que el primero siempre lo han tenido los grupos municipales, una asignación para nombrar un secretario de grupo que ayude en diversas tareas a los concejales, más aún cuando solo son los responsables de grupo los que cobran sueldo municipal, no los concejales de oposición rasos.
Así pues, el PP hablaba en una nota de prensa el sábado de un gasto irregular de 800.000 euros, que luego pasó a ser el domingo de 500.000. En esta suma incorpora todo el gasto en asesores y no el de los dos extra de Cs y Adelante, que es el fondo del asunto judicialmente. Y con ello, lo cierto es que el juzgado tumbó todo el acuerdo, por lo que por eso habla el PP de un gasto irregular, aunque atendiendo a la situación de ayuntamientos anteriores, incluyendo el ejecutivo del PP, "es lo habitual contar con un asesor para cada grupo", indicaban fuentes del PP a lavozdelsur.es en días pasados.
"Desde ese mismo día (de la sentancia), Mamen Sánchez tenía la obligación de cumplir y ejecutarla, cuestión que no ha hecho y que ha obligado al juez a dictar auto de ejecución y tras 7 advertencias del Partido Popular. Mamen Sánchez lleva gastados más de 800.000 euros en salarios de asesores nombrados en base a un acuerdo declarado nulo por el juzgado ocasionando un claro daño y perjuicio económico al Ayuntamiento de Jerez. Más de 500.000 euros desde que el juez anuló el nombramiento de estos asesores", conocida en enero de 2020. "Un dinero que el Ayuntamiento no va a poder recuperar puesto que estas personas han desarrollado su trabajo y que, por tanto, es un agujero negro que Mamen Sánchez hace a las cuentas de los jerezanos".
El PP reclama que sea la alcaldesa la que afronte este coste, algo a lo que nunca se le condenó, pues la sentencia fue por el contencioso-administrativo y no por vía penal. "Que pague de su bolsillo este despilfarro de dinero público en base a un acuerdo anulado por el juez. Mamen Sánchez y sus compañeros del PSOE de la Junta de Gobierno Local son los que tienen que hacer frente a este gasto irregular y no los jerezanos, que ya demasiados caprichos y cabezonerías de Mamen Sánchez pagamos".
El Gobierno Local adujo en 2019, en ese acuerdo, que por tener mayor representación, los grupos de PSOE y PP ya recibirían una mayor financiación, razón que adujo para conceder un asesor extra. Sin embargo, el PP lo rechazó y el juzgado le dio la razón. Hace escasos días presentó un auto de ejecución, una orden del juzgado emitida a petición del PP para que se cumpla la sentencia.
Fuentes del Gobierno municipal aseguran, por su parte, que el PP "miente, intenta confundir premeditadamente sumando el coste de todos los asesores" en esa cifra de los 500.000 euros. "Además, la sentencia en modo alguno establece ninguna obligación de índole económica. El juzgado solo impugna el asesor de Ciudadanos y el de Adelante". Estos dos asesores suponen un gasto municipal de 25.000 euros cada uno, costes sociales incluidos. De esta forma, a lo largo de 2020, y justo haciendo un año de la sentencia, sumarían 50.000 euros.
En definitiva, la sentencia no declara ilegal la existencia de los asesores en la manera como llevan existiendo años para la actividad de los grupos de la oposición y del Gobierno municipal, sino que resultaba injusto hacia el PP que se sobredimensionara el apoyo económico a Cs y Adelante. Y por eso impugnaba el acuerdo de Junta de Gobierno Local que afecta a todos estos cargos. Un nuevo acuerdo en los términos de la sentencia es la solución que, por el momento, no se ha ejecutado, toda vez que el Ayuntamiento en cualquier caso tiene en marcha un recurso judicial.
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