Un juzgado de Sevilla ha iniciado una investigación tras una denuncia del grupo parlamentario Por Andalucía (IU, Podemos, Sumar y otras formaciones) por los contratos que la Junta tiene con la ONG Inserta Andalucía, que gestiona pisos de extutelados de la administración, es decir, viviendas de inserción social para aquellos que hasta los 18 años estaban tutelados y de un día para otro se veían en la calle.
El juzgado, según ha adelantado la SER, contempla la petición a la Junta de que le remita los expedientes de contratación con Inserta. Por Andalucía habla de datos inflados en datos como los de personal para obtener las adjudicaciones públicas, unos chanchullos que según el grupo político cuentan con "connivencia" o "negligencia" de la administración".
Los contratos señalados por el grupo eran dos: uno en Málaga y otro en Granada, en total por casi 2,2 millones de euros para un periodo de dos años. Asimismo, desde Por Andalucía sostienen en la denuncia que la pareja y el hijo del Observatorio de la Infancia habrían sido contratados por Inserta Andalucía, aunque la Junta respondió que esta persona no participaba en la licitación.
Una denuncia de un exempleado
Pero en días atrás, fue la propia Junta la que realizó una inspección a pisos de extutelados en los que se vendría a constatar "falta de alimentación y enseres básicos" o "incumplimiento de la ratio de personal", que serían infracciones graves en el contrato.
Un extrabajador habría sido quien denunció esto ante la Justicia y ante la propia Consejería de Inclusión Social, responsable del contrato. La Inspección ha trasladado el informe para iniciar el expediente sancionador, ya que son "jóvenes migrantes en situación de gran vulnerabilidad", y en ese contrato de 300 plazas habría dudas sobre la verdadera ejecución de todo lo contemplado en el contrato.
Estas denuncias son de finales de 2023, según recoge la SER. El extrabajador es un antiguo coordinador que elevó un escrito alertando de que no se estaría cumpliendo con lo que contemplaba el contrato en la provincia de Málaga. Pero por más que reiteró la denuncia en marzo de 2024, no recibió respuesta y acudió directamente a la Fiscalía.
En otro de los escritos, parte de la plantilla en Málaga alertaba a la propia ONG en octubre de 2023 de que los jóvenes no tenían papel higiénico, lejía, cepillos de dientes, gel, compresas, detergente, aceite para cocinar, leche, arroz o cereales. Es decir, ni de alimento ni de higiene básica personal.
