La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha salido en defensa de su departamento ante la investigación judicial abierta sobre los contratos adjudicados a Inserta Andalucía para la gestión de pisos destinados a jóvenes migrantes extutelados. López ha acusado al grupo parlamentario Por Andalucía, autor de la denuncia que ha derivado en la apertura de diligencias, de “intentar enfangar” la labor de la Junta.
Durante una comparecencia en el Parlamento andaluz, solicitada por la propia coalición de izquierdas, la titular de Inclusión ha negado de forma tajante que su Consejería hubiera eludido responsabilidades. Según ha explicado, fueron los servicios de inspección social quienes indicaron al exempleado denunciante cómo proceder y qué documentación debía presentar para formalizar su queja.
La consejera ha calificado de “falso” que los pliegos de condiciones se amañaran para favorecer a Inserta y ha precisado que existe un único pliego distribuido en ocho lotes, uno por cada provincia andaluza. Ha añadido que, al detectar posibles irregularidades, algunas delegaciones provinciales de la propia Consejería iniciaron ya procedimientos sancionadores. "Si tiene que pagar Inserta, que entre en los juzgados y que pague".
En su intervención, López ha acusado a Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, de poner “bajo sospecha” no solo a los funcionarios de su departamento, sino también a otras entidades y ONG que han recibido subvenciones públicas por parte de la Junta de Andalucía. “A usted no le importa la causa, ha venido aquí a intentar enfangar”, le ha espetado desde la tribuna.
La consejera también ha cuestionado que se critique a Inserta solo cuando los contratos provienen de la administración autonómica. Ha recordado que el Gobierno central también ha concedido fondos a esta asociación: más de un millón de euros desde el Ministerio de Igualdad y otros 150.000 euros por parte del Ministerio de Infancia, encabezado por Sira Rego. "No están bajo sospecha porque son colegas suyos", ha asegurado la consejera, que ha criticado la "doble vara de medir" de Nieto, a quien ha echado en cara además su "falta de apoyo" cuando el Gobierno "ha metido por la puerta de atrás a más de 600 menores en Andalucía".
En respuesta, la portavoz de Por Andalucía ha sostenido que Inserta, “disfrazada” de ONG, ha resultado “formidablemente beneficiada” por contratos y subvenciones de la Junta. Nieto ha cuestionado por qué la administración andaluza no acudió a los tribunales al conocer las posibles irregularidades, como sí ha hecho su grupo parlamentario. "¿Qué hicieron con las denuncias de, por ejemplo, personas trabajando en tres ciudades a la vez? ¿Han tapado las trampas? ¿Han incumplido la ley?". Por Andalucía ha acusado a la Junta de "no mover ni un solo dedo" y "mirar para otro lado".
Ha insistido en que Inserta está recibiendo subvenciones "duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas y aquí no pasa nada" y ha añadido que no sabe si se trata de "connivencia o negligencia", además de plantear a la consejera que "si lo sabía cómo es posible que esto esté sucediendo, y si no lo sabía cómo es posible que no lo supiera".
Ha pedido responsabilidad a López como máxima representante de la Consejería y le ha instado a aplicar "sanciones ejemplares" y a resarcir el dinero que se haya destinado a la supuesta ONG. "Si no hace nada se vuelve usted cómplice de todo esto", ha aseverado.
Una denuncia de un exempleado de Inserta
Este cruce de acusaciones se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla abriera diligencias tras la denuncia interpuesta por Por Andalucía. La jueza ha solicitado a la Junta que remita todos los expedientes relacionados con los contratos adjudicados a Inserta para el alojamiento de jóvenes migrantes extutelados.
El caso tiene como punto de partida la denuncia de un extrabajador de la ONG, quien alertó de graves deficiencias en los servicios prestados. Según reveló la SER, una inspección reciente de la Junta confirmó la falta de alimentación y enseres básicos en algunos pisos, así como posibles incumplimientos en la ratio de personal exigida por contrato.
El contrato en cuestión contempla una inversión total de 2,1 millones de euros para viviendas de inserción social en Málaga y Granada. La denuncia sostiene que hubo un uso inflado de datos sobre personal y posibles contrataciones irregulares, incluidas supuestas vinculaciones familiares con el Observatorio de la Infancia, extremo que la Junta niega. El procedimiento sigue su curso.
