Agustín Conejo, alcalde de Zahara de los Atunes (Cádiz), fue detenido el pasado viernes por agentes de la Policía Local cuando intentaba impedir los trabajos de instalación de la plaza de toros portátil prevista para un evento taurino a celebrar este próximo 19 de abril.
No pasó la noche detenido
Desde la Guardia Civil han querido aclarar que el edil no estuvo detenido en instalaciones de dicho cuerpo desde que "la Policía Local lo detuviera hasta que al día siguiente se puso a disposición judicial".
Los hechos de la detención han sido detallados, indicando que Conejo fue detenido a las 16.50 del día 11 de abril para, posteriormente, ser trasladado a la jefatura de la Policía Local para la confección de diligencias, permaneciendo custodiado en dichas dependencias hasta las 19.40. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Guardia Civil.
Tras las diligencias convenientes, el alcalde Zahara de los Atunes quedó en libertad a las 20.55 del mismo 11 de abril. De hecho, como indican fuentes del Instituto Armado, Conejo fue citado este pasado martes en el juzgado para un juicio rápido.
Caso sobreseído
Acusado de un presunto delito de obstrucción a la autoridad por intervenir en los trabajos de instalación de una plaza de toros portátil para la celebración de un evento taurino, de carácter benéfico, en homenaje a Francisco Rivera Paquirri y contará con la participación de Cayetano Rivera, José Antonio Canales Rivera y el novillero local Adrián Guillén. El juez ha decretado el sobreseimiento del caso, confirmando que no existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento judicial.
Los hechos ocurrieron cuando Conejo se personó en la zona donde se desarrollaban los trabajos e interpeló a los operarios solicitando la documentación de la instalación de la plaza. El alcalde argumentó que actuaba en el ejercicio de sus funciones como representante de Zahara de los Atunes, ELA del municipio de Barbate. Tras su detención, el dirigente municipal ha insistido en su inocencia, asegurando que su actuación se limitó a garantizar la legalidad del proceso. Con el archivo de la causa, la vía judicial queda cerrada, aunque el incidente ha generado un intenso debate en el municipio gaditano.