El "estado deplorable" de los bloques de viviendas de La Longuera, El Arenal y Sao Paulo de Chiclana preocupa al Ayuntamiento. El Consistorio ha solicitado formalmente a la Junta una intervención urgente en estas casas de titularidad autonómica.
En una carta remitida a la Delegación Territorial de Vivienda en la provincia de Cádiz, la consejera delegada de Emsisa, Cándida Verdier, ha reclamado una gestión más eficiente de estos inmuebles para garantizar la seguridad de las familias y frenar la ocupación ilegal de las viviendas.
Desde la empresa municipal Emsisa alertan sobre el mal estado que presentan varios conjuntos de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). En concreto, se refieren a las promociones ubicadas en La Longuera, El Arenal y Sao Paulo, donde los vecinos denuncian el deterioro de las zonas comunes, la ausencia de intervención social y una situación familiar crítica agravada por la ocupación irregular de viviendas y la venta ilegal de llaves.
Sin respuesta de la Junta
“El incremento de los índices de delincuencia en estos bloques es consecuencia directa de la falta de gestión por parte de la Junta”, denuncia Francis Salado, delegado de Vivienda y vicepresidente de Emsisa. “A diario atendemos quejas de los residentes por el estado de abandono, sin que hayamos recibido respuesta alguna a nuestras reiteradas denuncias”, lamenta en una nota.
Salado también subraya que el Ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a la Junta a ejecutar obras de rehabilitación, así como mejoras en las zonas comunes y espacios exteriores. Además, recuerda que han solicitado la puesta en marcha de programas de intervención social comunitaria, como los que ya se desarrollan desde la administración local.
Proponen que el Ayuntamiento asuma la gestión integral
Ante la falta de actuación por parte de la Junta, la empresa municipal propone una alternativa: la cesión de las viviendas públicas a la empresa municipal, mediante la firma de un acuerdo de colaboración. Esta opción permitiría que el Ayuntamiento asumiera la gestión integral de los inmuebles, desde la adjudicación y alquiler hasta el mantenimiento preventivo y correctivo.
“Con esta medida, se podría controlar de forma efectiva el alquiler de las viviendas públicas, evitar la ocupación ilegal y garantizar el acceso a familias que realmente necesitan una vivienda social”, señala Salado. La propuesta queda ahora en manos de la Junta, a la espera de una respuesta que permita desbloquear una situación que, según el consistorio, afecta gravemente a la convivencia y seguridad de estos barrios.