El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) está compuesto por unos 500 funcionarios, cuando en la Relación de Puestos de Trabajo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia —el 14 de marzo de 2017— se recoge que la plantilla la integran 553 bomberos en la escala de prevención y extinción de incendios, por lo que faltan medio centenar de operarios, denominados por algunos grupos políticos como “fantasmas”, que los consorciados del ente público pagan pero que en la práctica no existen. Algo parecido sucede en la sala del 085, que gestiona las emergencias relacionadas con este servicio, ya que el contrato adjudicado recientemente a la empresa Ferrovial —tras renunciar a firmar el contrato la UTE Abante EPO y Factudata XII, primera adjudicataria del servicio— cuantifica en 15 trabajadores los que componen la plantilla, contando al supervisor, aunque en la práctica faltan dos personas a tiempo completo y una a tiempo parcial.
La reducción de la deuda del Consorcio, que desde 2015 —cuando comenzó la legislatura— ha pasado de 24,3 millones a 13,6 millones de euros, aporta el ente provincial “una estabilidad económica que nos da margen para poder afrontar capítulos como inversiones o las ofertas públicas de empleo", explica su presidente, Francisco Vaca. Así, señala que la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016, con 9 plazas de funcionarios a la que se presentaron 994 aspirantes, sirvió para tener una bolsa que continuará en breve con la oferta de 2017 (11 plazas), para ir cubriendo las vacantes.
“Tenemos parques de millones de euros que no sirven ni para aparcar coches”, critica el Ayuntamiento de Cádiz
“Desde 2009 no entran nuevos bomberos para cubrir plazas”, critica Adrián Martínez de Pinillos, representante del Ayuntamiento de Cádiz en el Consorcio, durante el pleno de diciembre del Consistorio gaditano. El equipo de gobierno pide una auditoría externa para aclarar “dónde ha ido” parte del dinero que maneja el ente provincial, ya que “si los ayuntamientos venimos destinando desde hace años una cuantía para la plantilla de bomberos y el número de profesionales de este sector ha disminuido en la provincia, ¿qué pasa con ese dinero sobrante?, ¿qué se hace con él?”, se pregunta, en una propuesta que se aprueba por unanimidad.
El Ayuntamiento gaditano cuestiona en qué se han empleado los fondos procedentes de Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) que deben destinarse a inversiones en equipamiento, cuando en los últimos ocho años apenas ha habido mejoras en los parques de bomberos gaditanos, y que viene destinando entre 2,1 y 2,6 millones de euros anuales al Consorcio desde 2008, lo que suma más de 20 millones de euros que, “a ciencia cierta, yo no sé dónde están”, señala Martínez de Pinillos. El representante del gobierno local de Cádiz también pide al ente provincial que saque adelante las contrataciones para renovar los uniformes —“no se compran trajes ignífugos desde hace 17 años”—, los equipos de intervención y los vehículos, ya que “el más nuevo tiene doce años”, aunque recientemente se ha anunciado la contratación de diversos equipamientos personales para los bomberos, como chaquetas técnicas, cascos de intervención ligeros y polos y pantalones de estancia en los parques.
“Tenemos parques de millones de euros que no sirven ni para aparcar coches”, critica el edil gaditano, quien durante su intervención se acuerda también de los trabajadores de la sala del 085, que “llevan 20 años trabajando en condiciones de precariedad absoluta”. El concurso convocado recientemente recibió las ofertas de seis empresas y, tras resultar ganadora la UTE Abante EPO y Factudata XII, renunció pocos meses después —en octubre de 2017— a formalizar el contrato por “las discrepancias interpretativas en la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, referente a la sucesión de empresas y la consecuente subrogación del personal", explica el Consorcio, por lo que Ferrovial, la segunda mejor valorada, se hizo con el servicio, subrogando a la totalidad de la plantilla —cuando el actual convenio contempla el 90%—, aunque las plicas recogen la existencia de tres trabajadores más de los que hay realmente —dos a tiempo completo y uno a tiempo parcial—. Así, se hace con una adjudicación por la que cobra 1,5 millones de euros, reportándole unos beneficios que rondan los 700.000 euros durante los dos años que dura el contrato —prorrogables otros dos—, calculan fuentes sindicales.
El Ayuntamiento de Cádiz cuestiona el destino de más de 20 millones de euros procedentes de fondos que deben destinarse a mejorar equipamientos
El Consorcio rechazó recientemente la posibilidad de absorber a los trabajadores del 085, a pesar de la insistencia de grupos como Ganemos Jerez o Por Cádiz Sí Se Puede, en plenos municipales y en el de Diputación, argumentando en un informe —que los sindicatos consideran que se hizo “a la carta”— que “la integración del personal atendiendo a la normativa administrativa no tiene encaje alguno” y señalando que “el servicio de atención telefónica de emergencias posee un perfil específico que requiere unas condiciones especiales laborales y de conocimiento que resultan ajenas a la función de bombero y cuya especificidad obliga a mantener un sistema de contratación a través de empresa externa”.
La integración de los trabajadores de la sala de emergencias supondría un aumento del 30% del coste salarial —pasando de 450.000 euros a 583.000, según estimaciones de la propia institución—, aunque aún así sería más barato que externalizar el servicio. “Las empresas que gestionan el servicio el único gasto que tienen son las nóminas y la formación online, por lo que además se llevan subvenciones”, apunta fuentes sindicales de CGT, que tildan de “auténtico chollo” la adjudicación de estos servicios a compañías como Ferrovial, que también se encargará de la construcción del nuevo parque de Tarifa por un montante que roza los 2,6 millones de euros.
La empresa que, desde octubre, gestiona la sala del 085 de la provincia de Cádiz es noticia estos días por su supuesta implicación en la trama urdida dentro del denominado Caso Palau de la Música, del que la Audiencia de Barcelona absuelve a dos antiguos directivos de la firma —Pedro Buenaventura y Juan Elízaga— tras declararlos inocentes de la acusación de administración desleal y prescribir los delitos de tráfico de influencias que se les imputaban, evitando así cumplir condenas de cuatro años y medio de prisión.
“Desde el pleno respeto a la sentencia, Ferrovial Agroman —filial de Ferrovial— reitera su convencimiento de que las adjudicaciones de obras en que participaba se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica”, apunta la compañía en un comunicado, y agrega: “La empresa ha sido ajena al destino final de los fondos entregados al Palau de la Música mediante contratos de patrocinio”. El caso, después de años de investigación, acaba con condenas de nueve años y ocho meses de cárcel para Félix Millet y de siete años y seis meses para Jordi Montull, principales urdidores de la trama que saqueó un cantidad cercana a los 23 millones de euros —aunque la auditora Deloitte eleva esta cifra hasta los 33 millones—.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mientras tanto, sigue investigando el presunto fraude perpetrado por los anteriores dirigentes del Consorcio Provincial de Bomberos —dentro de la conocida como Operación Flama—, que ha supuesto según cálculos de la propia investigación un perjuicio económico de unos 7 millones de euros, como mínimo, por las supuestas prácticas irregulares e ilegales perpetradas en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014, cuando se contrató un seguro que garantizaba a sus altos cargos percibir, desde los 60 hasta los 65 años, la misma cantidad que cobran mensualmente —y no la pensión máxima, muy por debajo de sus salarios—.
Por estos hechos ya hay 12 detenidos, por lo que el propio Consorcio, con su actual presidente Francisco Vaca a la cabeza, ha decidido personarse en la causa abierta a la entidad, que se investiga desde que en 2013 el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) pusiera estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Cádiz en el año 2013, un asunto del que informó lavozdelsur.es en diciembre de 2015, y que pone la lupa sobre la gestión realizada por el socialista Andrés Beffa, antiguo concejal de Jimena, y el popular Fernando García, ex alcalde de Bornos.
La contratación de una póliza con la compañía aseguradora Aviva, que le costó al Consorcio más de dos millones de euros, permitía que más de medio centenar de personas, la mayoría altos cargos del ente provincial, percibieran durante cinco años la misma cantidad que cobran durante su vida laboral. Así, fuentes sindicales consultadas por lavozdelsur.es estiman que el gerente se jubilaría cobrando del seguro unos 6.800 euros brutos mensuales —a los que hay que sumar los 2.500 euros de la pensión máxima—, el intendente recibiría casi 3.300 euros brutos mensuales y los inspectores unos 2.700 euros.