El Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía han sido condenados a pagar costar por la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del actual PGOU, tratándose de la cuarta vez que el planeamiento urbano de la localidad gaditana es tumbado en los tribunales. Con más de 16.500 viviendas ilegales, una previsión de unas 17.000 nuevas casas, y sin un estudio estratégico ambiental —la principal razón esgrimida en la sentencia judicial—, Chiclana no tiene un Plan General válido desde 1987. Aun así, el alcalde del municipio, el socialista José María Román, ha anunciado que interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como han hecho otros ayuntamientos de la provincia como el de El Puerto. "Es lo más sensato y prudente", ha afirmado Román en una rueda de prensa junto a su delegada de Urbanismo, Ana González.
Como han explicado colectivos conservacionistas como Toniza-Ecologistas en Acción —aunque la sentencia ha venido de la mano de la denuncia de una empresa privada—, el PGOU lleva anulándose desde 2006, cuando se anuló el aprobado en 2003. Posteriormente, también en 2006, se anuló el de 2005 en una sentencia del Alto Tribunal andaluza refrendada por el Supremo. En 2009 se produjo la tercera anulación, e igualmente fue avalada por el Supremo en 2011. A la cuarta tampoco va a ser posible contar con un planeamiento urbano para una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional de la provincia de Cádiz.
La culpa, ¿de la Junta?
“Entendemos que lo más sensato y prudente sea presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”, ha indicado José María Román, quien ha resaltado que, “si en El Puerto había razones para presentar dicho recurso, aquí las hay más”. “Así, las dos razones que se cuentan son perfectamente recurribles. De esta forma, se puede recurrir la aprobación del Plan no en un único acto, ya que el 95 por ciento del documento estaba aprobado en un primer acto y, tal y como dice la propia sentencia, hay cuestiones que pueden ser solventadas a posteriori”, ha explicado el regidor chiclanero. En este punto ha añadido que “lo mismo sucede con la Evaluación Ambiental Estratégica, en la que hicimos lógicamente lo que la Junta de Andalucía nos indicó. Es más, hubo un pleno en el que se acordó hacer una consulta a la Junta al respecto y, una vez nos respondió, actuamos en consecuencia”. “Por tanto, el expediente de aprobación del Plan General se hizo conforme a lo que nos dictó la Junta, que es el órgano que aprueba el PGOU”, ha insistido.
Por otro lado, a expensas de conocer la opinión de todos los grupos políticos con representación municipal —siete en total contando con el PSOE: PP, IU, Ganemos, Podemos, Vox y Cs—, desde el ejecutivo municipal se prevé, paralelamente al recurso de casación, comenzar a trabajar en la redacción de un nuevo documento de planeamiento. “Ya ha habido algunos partidos políticos que se han pronunciado en el mismo tenor de poner el recurso de casación y, en paralelo, iniciar la redacción de un nuevo PGOU”, ha comentado el alcalde, quien, no obstante, ha aclarado que, “mientras no haya sentencia firme sobre el Plan General, seguiremos trabajando con el documento actual, tal y como hemos hecho hoy mismo, que hemos aprobado distintos expedientes urbanísticos en junta de gobierno local”.
Finalmente, el alcalde de Chiclana ha indicado que, “al margen de lo que se decida en la junta de portavoces que se desarrolla en la tarde de este martes, desde esta Alcaldía también "se ha emitido un escrito a Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para abordar esta situación e ir en todas las acciones de la mano de la administración competente, que es precisamente la Junta de Andalucía”. La sentencia definitiva del Supremo ante el más que probable recurso de casación no estaría antes de dos años, por lo que prácticamente Chiclana acumularía 35 años sin un PGOU en vigor con plenas garantías de seguridad jurídica.
Un nuevo PGOU "con la participación por bandera"
Desde Toniza-Ecologistas en Acción, por su parte, han exigido responsabilidades "a esos políticos y funcionarios por no haber atendido a las innumerables advertencias de que este PGOU se estaba tramitando de forma ilegal, que no se atenía al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previsto en una Directiva Comunitaria y en la legislación estatal, y que se terminaría anulando, como así ha sucedido". "Lo advertimos por escrito y en varios plenos municipales y Consejos Locales de Urbanismo. El Alcalde, José María Román, aseguró que se aprobaría porque tenía el visto bueno de la Junta de Andalucía y del Secretario. ¿Ahora qué?", han cuestionado.
La última reunión del Consejo Local de Urbanismo se produjo hace unos dos años y medio, por lo que, según los ecologistas, que esperan que también salgan adelante sus dos recursos en los tribunales por el PGOU que ahora ha anulado el TSJA, el ejecutivo socialista "desprecia la participación ciudadana". Ecologistas en Acción advierte de que "un nuevo recurso al TS está abocado al fracaso, y seguir desarrollando planes urbanísticos del PGOU es una irresponsabilidad, pues decaerán todos cuando el Supremo anule definitivamente el PGOU. ¿Y entonces qué?". Aun así, lamentan, "Román insiste en poner en la picota a quienes denuncian ilegalidades, con expresiones como que ponen piedras en el camino, mientras sigue causando un gran daño a Chiclana, sin aceptar sus errores ni presentar su dimisión".
Para esta organización, la única opción es iniciar con urgencia la elaboración de un nuevo PGOU, el quinto ya, "con la participación ciudadana por bandera, que solucione los graves problemas de viviendas y equipamientos, potencie el casco histórico, proteja los grandes valores naturales e históricos del municipio y haga frente a las serias amenazas derivadas de la actual situación de Emergencia Climática, no estando al servicio de la especulación urbanística y los desmanes de políticos irresponsables".
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