"Esto es como el tráfico de drogas en Galicia o en La Línea, llega un momento en que la ciudadanía, que ve como hay más de 5.000 personas con su campito y su casa, lo asume como algo normal", señala Javier Ricoy, activista de Ecologistas en Acción El Puerto, localidad que quintuplicará su superficie a cuenta de la aprobación del Plan General de Organización Urbana (PGOU) de 2014, que contempla legalizar 4.300 de las más de 5.000 viviendas irregulares que se encuentran a las afueras de El Puerto. Un procedimiento que, sin duda, supondrá un alto coste para las arcas del Ayuntamiento.
Si bien en su día la Junta erigió algunas construcciones conocidas como el 'Cinturón Verde' para cercar e impedir la extensión de la localidad, de poco sirvió. Y ¿en qué momento vive El Puerto la proliferación de asentamientos ilegales? "Todo ocurrió en la época de Hernán Díaz —Independientes Portuenses (IP)—. En los 16 años que gobernó la localidad sufrió el mayor desastre urbanístico", responde Ricoy. Y todavía hoy hay algún "valiente" que decide construir su vivienda de manera ilegal en suelo público.
Viviendas ilegales en la Aldea Rural Pago Barranco. FOTO: MANU GARCÍA.
En este sentido, los próximos días 25 y 28 de mayo Hernán Díaz, ex alcalde de El Puerto desde 1990 hasta 2006, volverá al banquillo de los acusados, después de ser condenado por un delito de prevaricación en 2005. Pero esta vez será juzgado por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. El mismo que, según una propietaria de las 32 viviendas ilegales de la Aldea Rural Pago Barranco, zona de protección europea, prometió que un asentamiento ilegal a 4 kilómetros del casco urbano tendría luz y agua. No obstante, 20 años después, aún siguen esperando.
Ecologistas en Acción El Puerto lleva librando una lucha de más de 20 años para liberar zonas protegidas y territorios públicos de construcciones ilegales que, a su antojo, decidieron construir en suelo que no les pertenecía o que el propio Hernán Díaz les vendió a precio de saldo. Algunas de ellas son: El Coto de la Isleta, donde hay construidas 15 viviendas en un espacio público, por donde transcurre una antigua calzada romana; la Sierra San Cristóbal, terreno que quisieron legalizar en el PGOU de 2014 y que no pudieron por localización; el Pinar de Coig, un espacio verde protegido; la Vía Verde, que conecta Sanlúcar y El Puerto está interrumpida por 10 construcciones ilegales; El Cinturón Verde, con más de 300 viviendas ilegales que presionan al Ayuntamiento para extender este cerco y regularizarlas; y la Aldea Rural Pago Barranco, además de otras zonas inundables. Hasta el momento, según la asociación local, todas siguen en pie, con una larga lista de órdenes de derribo acumuladas.
Javier Ricoy, durante la entrevista. FOTO: MANU GARCÍA.
Sin embargo, en el Pago Barranco, una vecina de 76 años con una primera vivienda en Jerez, afirma tener "muchas órdenes". "Pero de derribo ninguna", destaca. "Ecologistas en Acción ha estado levantando falsos testimonios de que aquí hay chalets de dos plantas, que las entradas están asfaltadas… Y es todo mentira", continúa. Aunque el terreno en la zona donde reside irregularmente esta mujer, junto a su marido, es de tierra y está algo enfangado a cuenta de las últimas lluvias, las viviendas anteriores —en el Cinturón Verde—, también ilegales, sí tienen más de una planta, además de piscina de suelo. "Hay viviendas que son auténticos palacios construidos ilegalmente y la gran parte de estas son segundas residencias", manifiesta Ricoy.
Fue en 1996 cuando este matrimonio jerezano compró la vivienda en el Pago Barranco, construida en 1980. "Mi marido está malo de los bronquios, le han operado dos veces de cáncer y cuatro veces de cadera. Y ahora tiene úlceras en los pies. Está malo desde hace muchos años y queríamos una cosita tranquila", expresa la vecina que no sabía que estaba siendo estafada. "La compramos como casa rústica, de ilegal nada. Aquí cada uno tenemos nuestras escrituras", asegura. No obstante desde Ecologistas en Acción niegan que los 32 vecinos puedan tener la propiedad de las parcelas ya que se trata de una zona protegida, junto a una laguna. Aun así, hay quienes hoy todavía publican anuncios en internet para vender estas parcelas: "Se vende terreno, papeles en regla. No posee agua ni luz. Terreno plano y cuadrado. Ideal para casa de madera o caravana".
Estado actual del antiguo cortijo Las Beatillas. FOTO: MANU GARCÍA.
"Hay órdenes de demolición de hace más de 15 años, como consecuencia de los expedientes. Pero el Ayuntamiento ha demolido poquísimas", apunta Javier Ricoy. "El Ayuntamiento es el responsable de aplicar esta disciplina, lo que pasa es que no les interesa. ¿Por qué? Porque son votos, son presiones de los lobbies de asociaciones que han creado los propietarios de estas viviendas", añade. La vecina jerezana con casa en el Pago Barranco es una de las que lucha por mantener su construcción en pie: "El que venga a tirármela, ese cae, antes de que me la tiren". "No queremos deshacernos de esta casa, era la ilusión de nuestra vida, de mucho trabajo... Para mi marido, para sus pulmones, es su retiro, su descanso", enlaza.
La última construcción ilegal que sí ha sido derribada es la extensión en suelo público del cortijo Las Beatillas. En sí, el edificio es legal, lo que era irregular era la ampliación que hizo a su derecha: pistas de pádel, un restaurante... Una parcela que incluso el Tribunal Superior de Justicia sentenció de que era ilegal. No obstante, esta demolición se ha hecho en este mes por intereses industriales, ya que hay una empresa detrás que quiere rehabilitar el cortijo para darle una nueva vida.
Ricoy mostrando algunos asentamientos ilegales en el municipio de El Puerto. FOTO: MANU GARCÍA.
El Puerto, en vez de extenderse verticalmente, se ha visto obligada a una extensión en horizontal. En este sentido, desde la oficina de Intermediación de Desahucios, Vanesa Gómez informa que hay cerca de 180 viviendas vacías en todo el casco urbano de El Puerto. Pero que estas se encuentran en un estado de semiabandono, deterioradas por el paso del tiempo, o con un alquiler encarecido debido al incremento de los pisos turísticos. En la actualidad, mientras el centro histórico de El Puerto sufre una despoblación continua, el Ayuntamiento legaliza viviendas a las afueras de la localidad que supondrán un esfuerzo económico para mantener la limpieza pública y la red de saneamientos de agua y luz.
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