El portavoz del Grupo Municipal Unión Portuense, Javier Botella, ha actuado contra el nombramiento de Antonio Caraballo Crespo como coordinador general del Ayuntamiento de El Puerto. Ha presentado un Recurso Potestativo de Reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno local del pasado 27 de marzo. Según alega la formación, dicho nombramiento sería contrario a la legalidad vigente por no cumplir con los requisitos que exige la normativa.
El recurso, registrado por Botella, sostiene que Caraballo no cuenta con la titulación universitaria de nivel A1 —es decir, Doctorado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura—, una condición imprescindible para acceder al puesto de coordinador general, considerado un cargo directivo en la estructura municipal. Según el documento, esta carencia contraviene el marco legal tanto estatal como autonómico y local.
Revuelo en la oposición
La decisión del gobierno local generó una oleada de críticas. El grupo municipal del PSOE denunció el salario que percibiría Caraballo en su nuevo cargo, cifrado en unos 140.000 euros brutos anuales, una cifra que, recuerdan, supera en 34.000 euros el sueldo del propio presidente del Gobierno. "Son sueldazos, esta es la gestión que hace Beardo con el dinero de los portuenses", lamentó el partido, que también criticó el nombramiento de Mila Pérez, nueva directora general de Organización Municipal, Función Pública y Desarrollo Económico. El sueldo de la que fue funcionaria en el Ayuntamiento de Jerez durante 40 años asciende a 35.728 euros.
La queja se suma a una creciente preocupación entre los grupos de la oposición por lo que consideran una estrategia del alcalde Germán Beardo para favorecer a perfiles afines, incluso cuando estos no cumplen con las exigencias legales para los puestos designados. El caso de Caraballo se presenta como un nuevo capítulo en esa dinámica, que la oposición califica de "blindaje político".
El recurso se apoya en legislación estatal, autonómica y local
Unión Portuense cita de forma expresa la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep), la reciente Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía y el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración Municipal (ROGAM) del propio Ayuntamiento. Todas estas normativas, recalcan, exigen titulación A1 para cargos directivos como el de Coordinador General.
El recurso también recuerda que Caraballo había sido cesado previamente como Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, cargo en el que sí contaba con la clasificación profesional requerida. Al perder ese vínculo administrativo, argumentan, no existiría justificación para su nueva designación, que se habría realizado sin cumplir con los requisitos esenciales del puesto, lo que la haría nula de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015.
"Nuevo caso de trato de favor"
"Desde Unión Portuense denunciamos lo que consideramos un nuevo caso de trato de favor y designación a dedo, saltándose los principios de mérito y capacidad que deben regir toda administración pública", declara Javier Botella. Para el concejal, este tipo de nombramientos consolida una preocupante tendencia dentro del gobierno local de Beardo.
Botella ha reclamado la "inmediata anulación del nombramiento" y la apertura de "una nueva convocatoria pública ajustada a ley", con el objetivo de garantizar la transparencia y el respeto a los principios básicos del acceso a la función pública.
