PSOE, VOX, UP e IU de El Puerto presentan una moción conjunta tras la solicitud del concejal Jesús Garay para que el Consistorio asuma los gastos de su defensa jurídica, a pesar de su sueldo de 63.000 euros.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento portuense elevan una moción conjunta al pleno de este viernes con el objetivo de modificar el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal (Rogam). La propuesta busca que cualquier concejal o cargo público condenado mediante resolución judicial firme esté obligado a devolver íntegramente a la Hacienda Municipal los gastos de su defensa jurídica previamente asumidos por el Ayuntamiento.
Además, si no se realiza la devolución de forma voluntaria, se prevé que el Ayuntamiento inicie acciones legales para reclamar dichos fondos por la vía judicial correspondiente.
La iniciativa responde a la reciente solicitud formal de Jesús Garay, concejal del Partido Popular actualmente imputado en dos causas judiciales, para que el Ayuntamiento le asigne abogado y procurador externos en un procedimiento judicial. Una petición que los portavoces de los grupos proponentes califican de “absolutamente inmoral”, especialmente teniendo en cuenta que percibe un sueldo público de 63.000 euros anuales.
Los portavoces señalan que Garay “no solo está investigado por los casos de Puerto III y el del trenecito a Puerto Sherry, sino que su labor municipal es prácticamente desconocida más allá de estos procesos judiciales”. Subrayan que “no se puede permitir que la ciudadanía de El Puerto tenga que asumir los costes de actuaciones personales de cargos públicos que, lejos de proteger el interés común, podrían haber actuado en su contra”.
Coincidencia entre contrato municipal y la defensa de Garay
La controversia se agrava, según denuncian los grupos, por el hecho de que el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un contrato por valor de 7.200 euros a un abogado externo para representar los intereses municipales, y que dicho profesional pertenece al mismo bufete privado que lleva la defensa jurídica de Garay, tal y como se ha hecho público.
Aunque los partidos firmantes no cuestionan la legalidad de esta contratación, sí critican “la falta de ética y de escrúpulos” del gobierno local. “El alcalde Germán Beardo, lejos de tomar medidas cuando imputan a uno de sus concejales, lo premia con más poder, le sube el sueldo y ahora además le paga el abogado con dinero de todos los portuenses”, concluyen.