Avanzar hacia una ciudad más sostenible y amable con el medio ambiente, accesible y adaptada. Los planes de movilidad buscan unos objetivos concretos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. En El Puerto, Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que este Ayuntamiento no tiene aprobado un Plan de Movilidad Urbana en base a la ley de cambio climático.
La ciudad, al tener más de 50.000 habitantes, estaba obligada a redactar y aprobar este documento antes de 2023 tal y como se recoge en la Ley 7/2021, conocida como de cambio climático y transición energética. "No es la primera vez que traemos una moción de este tipo al pleno municipal", dice José Luis Bueno, portavoz de IU, que elevará este asunto el próximo viernes.
“Una vez más, ante la inoperancia de este gobierno no se llegó a la fecha establecida para ello”, apunta Bueno, que recuerda que el alcalde anunció el pasado mes de noviembre de 2021 que se había tramitado la licitación de los servicios de redacción del Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, del Plan Director de la Bicicleta y del Plan Director de Señalización, con un plazo de ejecución de 10 meses. "El pasado mes de septiembre de 2022, nuestra ciudad debería haber contado con dichos planes, pero una vez más, cuando rascamos un poco lo que encontramos es falta de gestión y humo", manifiesta.
Para José Luis Bueno “mientras seguimos a la espera de tener noticias del Plan de Movilidad, hay acciones que se pueden llevar a cabo". En este caso, apunta a una demanda que ya se aprobó en pleno municipal en enero de 2021 y que todavía no ha visto la luz. Se trata de el cierre al tráfico de las calles Nevería, en su tramo de la Plaza Isaac Peral hasta calle Palacios, y Vicario, en su tramo de calle Ganado a la Plaza de España. "Tendría un coste cero para la ciudad porque ya tiene la estructura necesaria. Esta medida cuenta con el apoyo de numerosos comerciantes del centro sin que por el momento el equipo de gobierno se haya molestado en dar cumplimiento al acuerdo plenario", expresa.
Desde Izquierda Unida aclaran que “además, la misma Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes debían disponer de zonas de bajas emisiones (ZBE) a 1 de enero de 2023 en las que se apliquen restricciones de acceso, de circulación y de estacionamiento de vehículos con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, para impulsar de esta forma una movilidad urbana más sostenible y un cambio en el modelo de transporte”.
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