El Ayuntamiento de Barbate ha enviado una carta al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para presentar una queja formal en “nombre de toda la ciudadanía”, denunciando “la histórica discriminación que viene sufriendo Barbate por el Gobierno de España, en comparación con otros municipios que reciben compensaciones económicas por servidumbre militar incluso con mucho menor territorio ocupado”.
El alcalde Miguel Molina, explica que Barbate lleva 42 años “soportando servidumbre militar, con las consiguientes molestias a sus ciudadanos y limitación de desarrollo del municipio”. Sub embargo pese a todo lo anterior, demanda que “Barbate no ha recibido las compensaciones económicas justas que otros municipios sí perciben, lo que ha acumulado una deuda histórica de 411.792.273,45 euros que el Estado Español mantiene con Barbate”.
En el mismo escrito, el regidor barbateño reseña que en marzo de 2024, el Ayuntamiento presentó el Plan de Especial Singularidad de Barbate, “un documento que reclama justicia social y económica para el municipio”.
Argumenta que este plan ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal de Barbate como por la Diputación Provincial de Cádiz, y adelante que se gestiona su aprobación por el Parlamento de Andalucía. “El Plan de Especial Singularidad ha sido remitido a todas las administraciones, cámaras y grupos políticos, solicitando su apoyo y la realización de reuniones”, además de exponerlo a la ciudadanía.
Molina lamenta que pese a “estos esfuerzos, las peticiones de reuniones con el Gobierno de España no han sido atendidas, lo que impide el reconocimiento oficial de la Singularidad de Barbate y la compensación justa que el municipio merece”.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Barbate solicita “formalmente” que el Defensor del Pueblo Andaluz apoye sus demandas y actúe como intermediario ante el Gobierno de España “para garantizar que sus peticiones de Barbate y los barbateños sean escuchadas y atendidas”.