Familiares de un guardia civil asesinado en Barbate piden justicia

La tía del agente de San Fernando asesinado el 9 de febrero admite lamenta "las contradicciones" del informe interno de la Guardia Civil que exculpa a los seis presuntos narcos en prisión

  Familiares en el funeral por Miguel Ángel, guardia civil fallecido en Barbate, oficiado en la Catedral de Cádiz.
Familiares en el funeral por Miguel Ángel, guardia civil fallecido en Barbate, oficiado en la Catedral de Cádiz. JUAN CARLOS TORO

Carmen Gómez, tía de Miguel Ángel, el guardia civil de San Fernando asesinado el 9 de febrero al ser arrollado por una narcolancha en el puerto de Barbate, ha asegurado este viernes que la familia del agente quiere "justicia y no venganza".

En una intervención en Canal Sur Televisión, Carmen Gómez dice "confiar mucho en la Guardia Civil. Si los detenidos no son los asesinos, no se les puede acusar de ese crimen. Se les acusará de otras cosas y punto".

Esta reacción familiar se produce 48 horas después de hacerse público un informe judicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se descarta la participación de los detenidos en el asesinato de dos agentes.

Esta familiar asegura que los parientes de los fallecidos han recibido el informe de la Guardia Civil a la familia y admite que lo han recibido "muy mal. Hay muchas contradicciones. No me creo nada de nada pero hay que confiar, yo por lo menos confío mucho en la Guardia Civil".

Este viernes han declarado en los juzgados de Barbate los cuatro agentes que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas ocurrido en el puerto y que costó la vida a dos compañeros, uno de ellos Miguel Ángel, natural de San Fernando y miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Ante el nuevo informe de la UCO, las defensas de los detenidos han solicitado su excarcelación, algo a lo que se oponen desde las asociaciones de guardias civiles como Jucil y Fiscalía Antidroga de Cádiz que dirige Ana Villagómez.

La representante del ministerio público alega que sobre ellos pesan otros delitos como pertenencia a organización criminal y contrabando, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión.

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J. L.

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