La tragedia sucedida el pasado mes de febrero en Barbate, cuando una embarcación de la Guardia Civil fue arrollada por una narcolancha, provocando la muerte a dos de los agentes, ha sido objeto de una nueva cita en los Juzgados. En esta ocasión, los agentes supervivientes han declarado como testigos, como parte del procedimiento abierto a consecuencia de una denuncia para depurar las posibles responsabilidades penales de los mandos que ordenaron la intervención.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha señalado al respecto que las declaraciones de los agentes "han puesto de manifiesto la inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios y no atendimiento de la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes". El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate aceptó en mayo la personación de la AUGC en calidad de acusación popular en las diligencias previas abiertas por la posible responsabilidad de los mandos.
Desde la AUGC han apuntado, asimismo, que el Juzgado acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los supervivientes, en las que manifestaron "las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios" para poder prestar "el servicio que les había sido ordenado".
Familiares de los agentes han acompañado a los supervivientes a declarar, y han explicado a los medios, a las puertas del Juzgado, que "se ven muy abandonados por la institución" y "nerviosos por enfrentarse a sus mandos", en palabras de Silvia Mera, pareja de uno de los agentes, recogidas por Efe.
"Ellos han estado siempre a sus órdenes, sacrificándolo todo en una unidad en la que siempre están disponibles", ha señalado Mera, para puntualizar: "Ese día se aprovecharon de esas condiciones y salieron a un trabajo que no deberían haber realizado". Mónica Rubiales, pareja de otro de los agentes, ha expresado que los supervivientes sienten que "no están protegidos por la institución", según recoge el mismo medio.
El pasado 10 de mayo, los agentes acudieron a declarar al mismo juzgado de Barbate. En ese momento, declararon quién dio la orden, según explicó el abogado, Andrés Carreño del Pino, en declaraciones a los medios. El letrado prefirió no dar más detalles sobre este hecho concreto.
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