Las familias de los guardias civiles asesinados el pasado 9 de febrero quieren que la Guardia Civil asuma responsabilidades por el dispositivo que acabó con las muertes de dos agentes, arrollados por una narcolancha en la bocana del puerto de Barbate.
Con ese propósito, parientes, vecinos y amigos de Miguel Ángel González, una de las víctimas, natural de San Fernando, han convocado una protesta pública a la que llaman a los vecinos de toda la Bahía de Cádiz y la provincia.
La movilización está prevista el próximo miércoles 9 de octubre a las 17 horas. Los manifestantes anuncian una marcha desde la plaza de la Iglesia, punto de encuentro, hasta el Ayuntamiento. En la plaza que acoge la casa consistorial está previsto el cierre tras la lectura de un escrito colectivo que incluye sus peticiones.
La manifestación, fijada para el día en el que se cumplen exactamente ocho meses de la tragedia, tiene como lema Justicia para David y Miguel Ángel. El otro guardia civil fallecido fue David Pérez.
Los convocantes aseguran que su objetivo fundamental es aclarar responsabilidades internas en la cadena de mando de la Guardia Civil por ordenar una acción que consideran negligente. "Mandaron una lancha neumática a parar una lancha que pesa diez veces más", resumen los familiares.
Del mismo modo, los allegados al agente isleño reclaman que el detenido y acusado de ambas muertes, Karim El-Baqqali (alias Karim Gabarde y Karim El Enfadao, de 32 años, residente en Tánger) sea juzgado por asesinato premeditado o asesinato intencionado, en vez de los cargos que se le imputan hasta el momento.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate atribuye por ahora al detenido -que se entregó el 19 de septiembre en esa misma localidad- dos delitos de asesinato -sin calificación añadida-, cuatro asesinatos en grado de tentativa, seis de atentado, uno contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.
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